El documento, elaborado en medio de la discusión sobre las alternativas para atenuar un nuevo aumento de los carburantes, atendiendo la escalada de la cotización internacional, tuvo en cuenta variables como la duración del conflicto entre Rusia y Ucrania, el precio de importación, la base imponible determinada por la Administración Tributaria, las declaraciones juradas impositivas y el precio de venta al público.
Así, el reporte señala que la rentabilidad bruta media de los emblemas que importan y comercializan los combustibles en Paraguay llega al 17%. Prosigue diciendo, no obstante, que hay casos en que las gasolineras tienen una ganancia de hasta el 25% para determinados productos.
En la actualidad, la tarifa del gasoil común es de G. 7.050, mientras que la de la nafta de 93 octanos es de G. 7.710, ambas en promedio. La venta de solamente estos dos carburantes representa el 75% del mercado local y son los dos tipos incluidos en el nuevo régimen de subsidio que sancionó el Congreso y promulgó el Ejecutivo a favor exclusivamente de Petropar.
En el caso del gasoil común, este es utilizado para los fletes y el transporte público, lo que termina incidiendo en los precios de la canasta familiar. En el caso de la nafta 93, abarca principalmente a taxistas, conductores de plataformas digitales y motociclistas.
CIERRES. Estos datos saltan en medio de la polémica que se generó entre el Gobierno, el Congreso y los emblemas agremiados a la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), tras la sanción y promulgación de la Ley 6900 que establece subsidios a Petropar para vender a precios diferenciados el gasoil común y la nafta 93. En la actualidad, la petrolera estatal vende la primera a G. 1.000 menos que el resto y la segunda a G. 800 menos.
Los operadores de Apesa, en modo de protesta, comenzaron desde el jueves pasado a despachar solamente de 06:00 a 14:00, cerrando una gran cantidad de estaciones fuera de ese horario de atención. En algunos casos, redujeron su personal al mínimo posible, lo que causó demoras al momento de la venta al público.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, el gremio de gasolineras sostuvo que la legislación viola la Constitución y las leyes que regulan el libre comercio, a contramano de empresas que garantizan trabajo digno.
A esta polémica se sumaron las empresas importadoras y distribuidoras de combustibles, asociadas a Dicapar y Cadipac. En otro comunicado, estos gremios señalaron que dicha normativa fue elaborada entre cuatro paredes, sin participación de las empresas del sector privado.
Subrayaron que la venta a precios diferenciados resulta en una competencia desleal que pone en riesgo la continuidad operativa de las empresas privadas de combustibles, incluyendo el sector minorista que genera más de 30.000 puestos de trabajo.
Pese a las largas rondas de negociaciones para crear un fondos de estabilización de precios de los combustibles, la idea finalmente no prosperó y se optó por subsidiar solo a la estatal Petropar.
USD 15 millones al mes costará como mínimo el subsidio
Según los datos que manejael Equipo Económico Nacional, el subsidio al gasoil común y a la nafta 93 de Petropar, autorizados por la Ley 6900, significará para el Tesoro Público unos USD 15 millones al mes.
Las proyecciones hechas por el Gobierno suponen una triplicación en la demanda que tendrá Petropar por sus precios diferenciados, con lo que podría pasar del 14% al 42% del mercado. A eso, se suma el techo del 30% al que puede llegar el subsidio a Petropar sobre sus costos operativos, con lo que se estima el gasto citado más arriba.
Si se considera que la Ley 6900 tiene una duración máxima de 90 días, el Estado gastaría unos USD 45 millones para compensar a Petropar por vender sus combustibles a menor precio. Se siguen analizando opciones más incluyentes.
