Una de las medidas resueltas es que los agentes municipales deberán cambiar de uniforme, no portarán armas y no podrán combatir el crimen.
Al respecto, Enrique Riera, ministro del Interior, afirmó que acordaron con las autoridades municipales un refuerzo de la seguridad en la zona, enviando a agentes antinarcóticos, a efectivos especializados en violencia intrafamiliar y la instalación de una nueva comisaría.
Esto, teniendo en cuenta que la iniciativa de la Comuna de Yaguarón para brindar mayor seguridad a su comunidad fue bien aceptada por parte de los pobladores, quienes se encuentran en la actualidad hartos de los reiterados robos y hurtos perpetrados por los chespis que pululan por la ciudad.
Igualmente, el secretario de Estado indicó que la Policía Municipal seguirá funcionando, pero que estará limitada en cuanto a sus funciones, para que no haya superposición con la Policía Nacional, que es la encargada de la seguridad interna por mandato constitucional.
Por último, Riera indicó que probablemente la decisión del intendente fue de buena fe; sin embargo, existen otras alternativas para que la Intendencia pueda coadyuvar en el ámbito de la seguridad ciudadana, como en la iluminación de plazas, generar actividades culturales, deportivas o la instalación de cámaras, entre otros.
Sobre el punto, el intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, explicó: “Vamos a adecuar algunas sugerencias; se va a quitar el pasamontañas y no se va a portar armas. Vamos a seguir trabajando coadyuvando a la Policía en tareas de prevención. No se va a poder hacer aprehensiones”.
Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, señaló que “ellos (Policía Municipal) van a cumplir exactamente lo que manda la Ley Orgánica Municipal y se van a dedicar al control de documentaciones en el tránsito, corroborar que los conductores tengan habilitación y registro. Eso estará a cargo exclusivamente de ellos”.
Desde la presentación de la Policía Municipal de Yaguarón, el Ministerio del Interior dejó en claro que su creación es ilegal, atendiendo que el monopolio de la fuerza del orden pública es competencia exclusiva de la Policía Nacional.
Para la abogada Diana Vargas, especialista en casos de derechos humanos, el argumento esgrimido por el intendente no condice con lo establecido por las leyes. “La Policía Nacional es la única habilitada constitucionalmente para la prevención y persecución de hechos punibles”, aseguró.
