Durante poco más de una hora, la cartera explicó los alcances del planteamiento. El ministro de Hacienda y el viceministro de Economía, Benigno López y Humberto Colmán, respectivamente, enfatizaron que el objetivo central es regular y supervisar el sistema previsional.
Remarcaron que las cajas se encuentran hoy sin control y se quiere evitar nuevos casos de malos manejos, por lo que insistieron en la necesidad de una supervisión autónoma, pero rechazaron en todo momento que con esta ley se pretenda confiscar los fondos jubilatorios o modificar los parámetros vigentes en cuanto a edad, años de aporte o tasas de sustitución.
Tras esta presentación, tomaron la palabra las centrales obreras. Los sindicalistas de la CUT y la CUT-A, Jorge Alvarenga, Aldo Snead y José Pineda, manifestaron de forma contundente el rechazo al proyecto de ley.
Los representantes de las centrales obreras enfatizaron que se dejó nuevamente de lado al sector trabajador, ya que los aportantes no tendrán participación en las decisiones de la superintendencia. Subrayaron que darle todo el poder a una persona o entidad se presta a una confiscación de los fondos previsionales, por lo que urgieron la apertura de una mesa de diálogo para realizar modificaciones.
El titular de la UIP, Gustavo Volpe, por su parte, también dijo que en el empresariado existe preocupación por la falta de participación de los aportantes y la no limitación de las inversiones, pero que tomarán una postura final recién al hacer un análisis acabado y preciso del proyecto.
Diálogo. El proyecto de ley, que sería presentado en marzo al Congreso, propone la creación de una superintendencia que se convierta en un ente regulador del sistema y, principalmente, contralor de las inversiones de las entidades previsionales.
El superintendente será elegido por el presidente de la República, tras una terna elevada por las máximas autoridades de Hacienda, BCP y Ministerio del Trabajo. Entre otras atribuciones, esta persona podrá pedir la intervención de las cajas tras detectarse indicios de irregularidades, aunque la decisión final quedará en manos del Directorio del BCP.
El ministro López indicó ayer que la propuesta será puesta ahora a consideración de sindicatos y gremios empresariales para iniciar una mesa diálogo. Resaltó que el Gobierno está abierto a recibir sugerencias para perfeccionar la ley, aunque evitó responder si presentarán o no el proyecto sin un consenso del 100%.
Paquete económico a presentarse incluye otros 3 planteamientos
El paquete de leyes económicas que anunció el Ministerio de Hacienda incluye a otros tres proyectos, además de la creación de la superintendencia.
Según explicaron las autoridades, uno de ellos busca modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), con el objetivo de flexibilizar el déficit y elevar el saldo rojo por encima del 1,5% del PIB sin necesidad de una ley especial, en casos de crisis o de un crecimiento menor al esperado.
El segundo se trata de la administración de pasivos, por medio del cual, se busca canjear la deuda a través de nuevos bonos para obtener menores intereses y ampliar los vencimientos.
Finalmente, el último busca actualizar la ley de la AFD. Mediante este planteamiento se busca modernizar el funcionamiento de esta institución para darle mayor agilidad y presencia en el mercado.
