Las iniciativas parlamentarias sobre jubilaciones y pensiones, que tendrán un impacto de casi USD 7.100 millones en la Caja Fiscal y el Presupuesto General de la Nación (PGN), pueden llevar a nuestro país a una situación de insostenibilidad fiscal por los enormes déficits que se podrían generar, según manifestó ayer Beltrán Macchi, directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (Cncsp) y de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán).
El representante empresarial remarcó que el sistema de jubilaciones y pensiones requiere de una reforma única, ya que si se siguen tocando los programas de forma particular, se producirá un enorme agujero negro que puede terminar afectando incluso a la estabilidad macroeconómica.
En ese sentido, instó a las autoridades a mirar la difícil situación que tuvieron que enfrentar nuestros principales vecinos, Brasil y Argentina.
El economista César Barreto, por su parte, también criticó los proyectos aprobados en el Congreso sin tener en cuenta los informes técnicos.
El ex ministro de Hacienda señaló que los legisladores deben tener una mirada más responsable para que los proyectos aprobados no afecten al sistema fiscal. Consideró como inviables las iniciativas que no tienen financiamiento y advirtió que se corre el peligro de que el sistema tributario no pueda sostener estos planteamientos en el mediano plazo.
COSTO. De acuerdo con un estudio hecho por el Ministerio de Hacienda, la ley recientemente sancionada que modificó los parámetros jubilatorios para odontólogos y bioquímicos, le costará a la Caja Fiscal USD 360 millones entre el 2019 y el 2056; mientras que la normativa para médicos supondrá otros USD 1.400 millones. Solo por el personal de blanco, la previsional estatal soportará en el mediano plazo un déficit de USD 1.760 millones.
A esto se suma el proyecto de universalidad de la pensión alimentaria para adultos mayores, con media sanción del Senado. Esta propuesta, que amplía el número de beneficiarios mediante la flexibilización de los requisitos para acceder al programa, de convertirse en ley tendrá un impacto de USD 5.338 millones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) entre el 2019 y el 2056, por lo que deberá ser financiado mediante el cobro de impuestos.
De estas tres iniciativas, la ley médica es la que se encuentra en vigencia por el momento, ya que el Congreso decidió rechazar el veto del presidente Mario Abdo Benítez. La legislación para odontólogos y bioquímicos ya fue sancionada y se encuentra pendiente del veto o la promulgación, mientras que el proyecto que amplía la pensión alimentaria para ancianos está pendiente de tratamiento en Diputados.
El ministro de Hacienda, Benigno López, se mostró preocupado por estas iniciativas y dijo que si se siguen aprobando proyectos de este tipo solamente se cargará más a los contribuyentes.
