Una ministra de Trabajo con aspiraciones parlamentarias y una desatinada propuesta lograron situar en el debate el tema de los derechos laborales. Carla Bacigalupo sostuvo que habría que rever la estabilidad laboral, y su idea de flexibilizar derechos encontró abundante crítica. También resulta muy cuestionable que una funcionaria que tiene la función de velar por el cumplimiento de derechos sea precisamente quien propone desmontarlos. Bacigalupo se encuentra al frente de la institución que debe ser la referencia en cuanto a la política laboral, debe fomentar el trabajo decente y promover el empleo productivo, garantizando el cumplimiento de los derechos laborales.
No obstante, esta no es la primera vez que la ministra expresa el planteamiento. A fines del año pasado presentaba su postura sobre la supuesta distorsión existente en la aplicación del artículo 94 del Código del Trabajo, el cual según algunos empresarios se da en el mercado paraguayo en relación con la estabilidad laboral. Presuntamente la normativa establece una inamovilidad de los empleados después de cumplir 10 años de actividad en una misma empresa. En aquella ocasión la ministra opinó que existen “fallas sistémicas” que ponen en entredicho ese artículo del Código, que en vez de establecer la estabilidad impone la inamovilidad del empleado tras cumplir 10 años de trabajo. Agregó asimismo que, en la práctica, no se cumple la tan ansiada estabilidad laboral debido a que las empresas despiden a los trabajadores al llegar a los 8 años, en el caso de las mujeres, por la maternidad, y a los 9 años en los hombres. Ese, en todo caso merecía ser el enfoque, dado que es una realidad lamentable en el mundo laboral, y una situación que con la crisis que ha generado la pandemia se ha profundizado.
En el mes de diciembre de 2021, Última Hora publicaba aquellas declaraciones de Bacigalupo, quien además aportó el siguiente dato: la mayor cantidad de denuncias de despidos presentadas se refieren a despidos injustificados a los 8 o 9 años de trabajo, que además se constituyen en la mayor causa del corte de aportes al IPS.
“Es importante entender que en Paraguay solo el 10% de los aportantes formales se jubilan y justamente una de las causas del corte del camino hacia la jubilación es la inamovilidad, que en la práctica causa el despido a los 8 o 9 años, con el agravante de que los trabajadores aportantes de IPS no pueden retirar sus aportes”. Bacigalupo insiste en hablar de una “distorsión de la ley”, y confunde estabilidad con inamovilidad.
La ministra ha elegido al parecer ser vocero de un sector y en plena campaña electoral levanta esas banderas, cuando que como funcionaria del Estado paraguayo debería estar ocupada con la tasa de desempleo del 6,8%, o las pérdidas de puestos de trabajo. ¿Acaso la ministra descansa tranquila sabiendo que 9 de cada 10 jóvenes tienen su primer trabajo en empresas informales; que solo el 20% de los asalariados privados ganan más de tres salarios mínimos; en tanto que solamente 3 de cada 10 trabajadores en dependencia tendrán jubilación. Qué hace Bacigalupo con el dato de que solo 3 de cada 10 trabajadores ganan desde el salario mínimo hacia arriba, y que la informalidad laboral en el Paraguay es de cerca del 70%.
Nada de eso se resolverá flexibilizando derechos, esa es una falacia. Y es precisamente en estos tiempos de crisis cuando se deben defender con vehemencia el trabajo, la dignidad y las conquistas de los trabajadores. Como escribió Cecilio Báez, en 1906: “El derecho obrero es la expresión genuina del derecho a la vida; nada tiene que ver con la forma de gobierno ni con la religión. El derecho obrero es la ética social por excelencia”.
