Dijo que se perjudicará a los trabajadores pendientes de jubilación e insistió en que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) es un indicador falso para tenerlo como parámetro a la hora de establecer el nuevo monto con el fin de cuantificar la jubilación.
“El indicador que establece el Índice de Precios del Consumidor es engañoso, ya que en realidad la inflación real alcanza al 25%; y por eso es un método insuficiente para la actualización efectiva de los valores anteriores, tal como está en la ley recientemente sancionada”, dijo.
Adelantó que junto con organizaciones de jubilados pidieron audiencia en el Congreso para el 24 de enero, con el fin de proponer modificaciones a la normativa, para mejorarla.
Halley insistió en que el trabajador tiene derecho a que se le pague el mejor de los salarios, al tiempo de objetar que el Senado haya aprobado la ley de manera apresurada, sin siquiera haber escuchado los análisis técnicos.
No obstante, reconoció que la ley tiene fundamento positivo al atacar la informalidad y disuadir el fraude.
“Es una de las cuatro reformas paramétricas que los actuarios vienen recomendando desde hace veinte años”, sostuvo el entendido en temas previsionales.
Además, interpretó que la intención real del Gobierno es la introducción de un modelo de capitalización individual y la supresión del vigente modelo de capitalización colectiva.
Halley insistió en que los jubilados también tienen en carpeta otras peticiones, como la modificación de la gobernanza de IPS, para suprimir el predominio político en la integración del Consejo de Administración, estableciendo un sistema de elección obligatoria; el pago de la millonaria deuda que tiene el Estado con la previsional mediante bonos soberanos negociables; la supresión del descuento del 6% a jubilados y pensionados para un fondo específico de salud y el aseguramiento de fondos para el pago de aguinaldos sin que esto sea una potestad del Consejo.
Destacó que los jubilados también rechazan las expresiones de la gerente de Prestaciones de IPS, Vanesa Cubas, quien constantemente habla sobre el inminente colapso de la previsional. En ese sentido, señalan que el IPS cuenta con la mayor reserva financiera del país, con USD 2.500 millones y que posee inmuebles por unos USD 500 millones.
El economista Rodrigo Ibarrola, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), había realizado recientemente un ensayo del nuevo cálculo propuesto por el IPS para la jubilación de los aportantes, y en el mismo determinó que el haber jubilatorio se reducirá 14% al sumarse siete años más al cómputo. El ensayo desarrollado por el experto actualiza hasta el mes 120 los salarios mínimos anteriores, aplicando el reajuste por el índice de precios al consumidor (IPC) con el cual se calcula la inflación de cada año. El cálculo está basado –según sus análisis– en el proyecto de ley presentado por el IPS y que fuera sancionado. Ibarrola utilizó como muestra el salario mínimo legal de los últimos 120 meses, que arroja un promedio para el haber jubilatorio de G. 2.190.000, mientras que con el cálculo actual de 36 meses el promedio con el que se jubila un trabajador es de G. 2.549.083; es decir, el jubilado percibirá G. 359.081 menos, que representa un -14%.
