Duarte señaló que el inconveniente radica en que cuando un empleado llega a los 10 años de antigüedad, los empresarios “se ven sometidos a largos y engorrosos” procesos judiciales a la hora de despedir. Sostuvo que, ante esto, “se debe ser disruptivo” y buscar la modificación del Código Laboral mediante un diálogo.
“Ningún empresario formal, con ganas de obtener beneficio de su inversión, contrata para luego despedir, pero el contexto jurídico genera que no pueda, a partir de un periodo, manejar su nómina, y tampoco quiere un problema. Después de los 10 años, solo podés echar por juicio”, dijo.
Recordó que en la reforma del 93 fue instalada la estabilidad laboral, con lo que se buscaba mejorar las condiciones de trabajo, pero que no se logró. “Sabemos que para lograr consensos tenemos que abandonar posiciones mezquinas. La solución es sentarnos a hablar y buscar una alternativa que realmente convenga. Yo creo que hay que ser disruptivos”, apuntó Duarte.
También consideró que el empleo “tiene un problema”, pero aseguró que desde la UIP no se busca “cercenar derechos de los trabajadores”, ni ser “cómplices” de prácticas empresariales arbitrarias.
POSTURA DE GOBIERNO. La ministra Mónica Recalde, por su lado, alegó que la propuesta para modernizar el Código del Trabajo ya se viene discutiendo desde hace un tiempo, pero que hoy lo que se busca es instalar un debate nacional y amplio, en busca de alternativas que realmente beneficien a todos los sectores.
“Las propuestas que se van a venir haciendo van a ser a través de un amplio consenso, un amplio debate. También queremos aclarar que esto no es una propuesta de libro cerrado que se presenta, sino que cambiamos la estrategia. Lo que queremos es sentarnos con todos los sectores y empezar ese debate abierto a través del diálogo social, en donde se pueda construir y se pueda contribuir más a esto que es tan importante y que realmente requiere de un consenso social”, aseguró.
Coincidió con el argumento de Peña y dijo que el umbral de los 9,5 años para la estabilidad laboral “ha hecho que el mercado expulse a los trabajadores antes de llegar a ese periodo”, aunque dijo que no se pretende eliminar la figura de la estabilidad laboral en su totalidad.
“Acá no se va a eliminar la estabilidad laboral, eso tiene que quedar bien claro, porque la estabilidad laboral es una figura en donde el empleador no puede despedir de manera arbitraria al trabajador sin que medie una causa justificada. La estabilidad relativa, después de los 30 días de que el trabajador pase el periodo de prueba, empieza a correr esa medida indemnizatoria, pero a partir de los 9 años y 6 meses, lo que ocurre es que ya no se le puede despedir al trabajador sin mediar primero una suspensión del contrato de trabajo y una prueba en lo judicial. Quien sale perjudicado es el trabajador, nunca cobra su indemnización, son 5 o 6 años de trámites. Tenemos que mejorar, tenemos que fortalecer nuestras instituciones de trabajo para que lleguemos a ese grado de formalización”, enfatizó, alertando que cuentan con más de 200 sumarios administrativos a empresas por incumplimiento de la norma.
“El empleo informal tiene mucha incidencia en los controles que existen, pero hay que generar esos mecanismos que acompañen al crecimiento de segmentos donde tenemos mayoritariamente empleo informal. No hay que desconocer que hay también empleo asalariado encubierto, trabajadores que facturan y que debemos incorporarlos al seguro social”, concluyó.
Eduardo Ojeda consideró que el objetivo es eliminar el derecho a que los empleados formen sindicatos y reclamen sus derechos porque “no se quieren cumplir las normas laborales”. “Acá, Santítere Peña, en complicidad con empresarios corruptos, está queriendo eliminar derechos fundamentales con el discurso de que va a generar puestos de trabajo. En Paraguay no hay democracia; empleos se generan con la reforma agraria y la industrialización”, manifestó el representante de la Corriente Sindical Clasista.
