Durante el acto, Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, hizo énfasis en que Paraguay debe realizar las obras necesarias para contratar el 100% de la energía que le corresponde, no solamente de la hidroeléctrica Itaipú, sino también de Yacyretá.
En ese sentido, citó la construcción de tres líneas de más de 500 kV, desde Itaipú al área metropolitana de Asunción, y desde allí un tendido más, hasta Yacyretá.
Además, resaltó que el país debe licitar su excedente eléctrico en territorio paraguayo y con la utilización de leyes locales, a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de tal forma a obtener el precio de mercado por la energía que producen las binacionales.
reformas. A partir del año 2023 (cuando finalice la negociación sobre el Anexo C con el Brasil), Paraguay puede lograr una renta eléctrica anual de USD 3.600 millones, según los cálculos que manejan los organizadores de la campaña.
Ricardo Canese, parlasuriano por el Frente Guasu (FG), indicó que el dinero generado por Itaipú y Yacyretá debería utilizarse en reformas estructurales a beneficio de todos los ciudadanos, por ejemplo, el transporte eléctrico; el desarrollo industrial, científico, y tecnológico, para generar más empleo; inversión social; reforma agraria y otros.
Asimismo, abogó por lograr un servicio eléctrico de alta calidad y bajas tarifas para los consumidores finales. En este sentido, mencionó el proyecto Ñane Energía, rechazado por el Ejecutivo el año pasado.
El lanzamiento tuvo lugar en la sede del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), gremio que se sumó a la iniciativa, junto con la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional (UNE-SN), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), entre otros.
Proyecto para comisión especial
Los diputados Kattya González y Édgar Acosta presentaron ayer -en conferencia de prensa- un proyecto de ley para crear una Comisión Nacional Interpartidaria y Ciudadana, con el fin de estudiar el Anexo C del Tratado de Itaipú.
Este grupo, según el documento, estará conformado por exponentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, académicos, del sector empresarial, de los trabajadores, universitarios, de las organizaciones campesinas, de organizaciones no gubernamentales, del Poder Ejecutivo y de la binacional.
Los integrantes de esta comisión deberán gozar de “notoria honorabilidad y solvencia moral”, además de acreditar su formación técnico - jurídica en la materia, refiere la propuesta.