Cuando el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez decidió no aceptar el cargo de vicepresidente segundo de la institución, no intuyó quizá la pequeña crisis que se iba a generar. El debate no terminó, dos ministros se retiraron y la sesión quedó sin cuórum. La situación puede ser calificada de inaudita, y por un momento hubo quien pensó que se trataba de una sesión del legislativo, donde es habitual el despliegue de desvergonzadas maniobras.
En el Paraguay resulta bastante difícil quedar asombrado o recibir sorpresas, considerando la talla de la clase política; sin embargo, la situación generada en, nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia, es causa de profunda preocupación. Algo huele mal en Dinamarca.
El ministro Jiménez dijo sentirse “amenazado en el patíbulo”, y el ministro Ríos recordó la dictadura militar, pues se quería imponer un cargo contra la voluntad del ministro Jiménez. El asunto llegó al Consejo de la Magistratura (CM), donde uno de sus miembros, el senador Pedro Santacruz, sostuvo que en la Corte Suprema se reivindicó el autoritarismo, y se comenzó a mencionar el tema del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.
“El fascismo fue derrotado y no podemos seguir en esta situación, me avergüenza. Me acuerdo cuando varios de estos ministros estuvieron en el Senado para su juramento y escuchamos su discurso de que iban a administrar justicia para la ciudadanía. No podemos volver al pasado, expreso mi solidaridad con el doctor (Jiménez), no podemos permitir en un sistema republicano que podamos volver al fascismo. Escuché en el Senado el discurso de Martínez Simón y de Carolina Llanes, y mintieron a la ciudadanía, creo que hay que ir más allá de esto y amerita un juicio político porque quieren reivindicar el autoritarismo y no podemos seguir en esta situación”, sostuvo el senador.

Inmediatamente a este extraño incidente llegó el segundo y confuso golpe al sistema de justicia. El Consejo de la Magistratura decidió anular el examen de conocimientos generales y específicos a los candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Antonio Fretes, quien se jubila el próximo 10 de marzo, debido a un posible fraude que tuvo su origen en la pérdida de un cuadernillo de preguntas.
¿Hubo o no intento de fraude? Confiamos en que el tema quede correctamente aclarado, y si bien es cierto que la mera duda planteada en dicha instancia y circunstancia es motivo suficiente para la consternación, resulta un verdadero golpe de gracia a la ya bastante magullada credibilidad de nuestro sistema de justicia. ¿Fraude en un examen para elegir a un miembro de la máxima instancia judicial? Y, mientras un sumario interno intenta aclarar lo sucedido, no podremos dejar de considerar qué tipo de Justicia es la que tenemos, qué tipo de Justicia tendremos con trampas y politiquerías incidiendo en la elección de aquellos en los que el pueblo deberá confiar para que impartan justicia.
El ciudadano precisa de algunas mínimas garantías de que la premisa de que todos somos iguales ante la ley realmente se cumplirá, aunque ciertos hechos nos muestran muy frecuentemente situaciones que contradicen la premisa: las chicanas que dilatan juicios siempre terminan favoreciendo a poderosos, a políticos y funcionarios públicos sospechados de actos de corrupción, pero con buenas conexiones.
Los paraguayos tenemos derecho a aspirar vivir en un país con democracia y con justicia, pero para que eso sea posible y el estado de derecho sea posible el sistema democrático requiere de una Justicia que sea claramente independiente e imparcial. A la Justicia le queda un largo camino para reconstruir la confianza y la credibilidad en ella.