Entre los aspectos que han demorado la llegada de Paraguay al grado de inversión destaca el institucional. Las tres agencias calificadoras crediticias de referencia evalúan este aspecto, las tres han advertido sobre la debilidad de las instituciones paraguayas persistentemente y, lejos de claudicar la advertencia, la primera de las tres en asignar el grado de inversión a Paraguay, Moody’s Ratings, supeditó su auspiciosa calificación a la continuidad de mejoras institucionales. Para dimensionar el peso de este factor, recordemos que cuando en agosto del año pasado Fitch Ratings redujo la calificación soberana de los Estados Unidos, adujo entre los motivos la erosión de gobernanza, y dos meses después, cuando Moody’s empeoró su perspectiva del país norteamericano de estable a negativa hizo énfasis en la polarización política.
La metodología utilizada por Moody’s para evaluar el perfil de riesgo soberano incluye cuatro factores: (I) fortaleza económica, (II) robustez de gobernanza e instituciones, (III) fortaleza fiscal y (IV) susceptibilidad a eventos de riesgo. Al justificar la calificación de Baa3 con pronóstico estable para Paraguay, la agencia enfatizó tres fortalezas: todavía bajo endeudamiento en términos absolutos y relativos, crecimiento sostenido del PIB y diversificación económica, adherencia al plan de convergencia fiscal; e identificó tres desafíos: exposición agrícola al factor climático, bajos ingresos tributarios respecto de otros Estados e indicadores de gobernanza relativamente débiles.
Con relación al factor (II) de fortaleza institucional y al desafío en indicadores de gobernanza, la calificadora valoró reformas en un amplio espectro, desde la Ley de Responsabilidad Fiscal y el régimen de alianzas público-privadas aprobadas en la década anterior, hasta leyes recientes como el nuevo marco de contrataciones públicas, proyectos en discusión legislativa como la reforma del servicio civil y la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, cuya ley ya fue promulgada, pero está pendiente de implementación. En todos los casos, lo decisivo no es la emisión de la norma, sino el efectivo cumplimiento de sus mandatos en el tiempo.
Resulta claro que, en la evaluación del factor institucional, Moody’s nos brinda un voto de confianza. Ni bien destaca ciertos avances, advierte que Paraguay continúa exhibiendo resultados insatisfactorios e inferiores a los de países con grado de inversión en el Índice de Gobernanza Global que la agencia utiliza como insumo. Este índice del Banco Mundial evalúa a doscientos Estados en términos de auditoría social, estabilidad política/ausencia de violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, Estado de derecho y combate a la corrupción. El voto de confianza es explícito cuando entre los factores que podrían precipitar una rebaja en la calificación crediticia, la agencia menciona una eventual interrupción en el proceso de reformas, o que estas no satisfagan las expectativas.
Más allá de su peso metodológico, las instituciones son el fundamento de la sociedad y la garantía para que los beneficios inherentes al grado de inversión se materialicen y distribuyan equitativamente. Instituciones abstractas como el Estado de derecho, el cual comprende reglas de juego predefinidas, generales y equilibradas, su cumplimiento y castigo en casos de inobservancia, e instituciones en la acepción concreta de órganos establecidos para la creación de valor público.
En Paraguay rige el Estado social de derecho establecido en la Constitución de 1992 (Art. 1), sobre elementos cardinales de la economía de mercado como propiedad privada (Art. 109) y competencia (Art. 107) combinados con otros del Estado de bienestar dirigidos a promover la calidad de vida de los habitantes (Art. 6), bajo el principio rector de primacía del interés general y del deber de colaborar (Art. 128). Tales abstracciones se concretan a través de órganos, programas, obras y servicios para las personas.
Un mensaje adosado al grado de inversión es persistir en las reformas de larga data que se han implementado a través de gobiernos, instrumentar las pendientes y afianzar el paso hacia las más difíciles entre las que se cuentan las paramétricas en el sector jubilatorio. Es necesario vigorizar las instituciones en la acepción concreta, porque toca a los órganos del Estado responder ante una sociedad que reclama resultados en el día a día a través de servicios públicos de calidad y oportunidades.
Mediante un esfuerzo de décadas, en Paraguay se ha podido fortalecer la gobernanza económica alejándola de la política electoralista, cortoplacista y partidaria. Este es el modelo que debemos proteger en todo momento, consolidar y convertir en norma de gestión pública pues ha funcionado. Puntualmente en el Poder Judicial, el rol técnico e imparcial de los jueces, del cual emana la seguridad jurídica, exige salvaguardas especiales. Desde su propia selección hasta su juzgamiento, los magistrados están sujetos a órganos constitucionales de composición política. Impermeabilizarlos de las intromisiones y castigar a quienes atentaren contra su independencia son condiciones básicas del Estado de derecho (CN. 1992, Art. 248).
Volviendo al caso de Nueva Zelanda, es cierto que las sólidas instituciones inglesas yacen en los cimientos de su historia de desarrollo, pero fueron profundas reformas domésticas, no exentas de polémica e iniciadas por los propios neozelandeses en los años 80, las que han propiciado la transformación del país en una economía libre, diversificada y competitiva.
Al igual que en Estados Unidos, Nueva Zelanda y el resto del mundo, en Paraguay la institucionalidad será factor preponderante e inexcusable para aprovechar el grado de inversión. Del lado del inversor, las instituciones garantizan reglas claras y facilitan la proyección a largo plazo, protegen contra la corrupción y proveen sistemas adecuados de solución de controversias. Del lado de Paraguay, las mismas facilitan el efecto positivo de los flujos de capital en forma directa (Ej.: incremento de los ingresos tributarios, generación de empleos) e indirecta mediante el buen destino de la mayor recaudación en programas y obras con real impacto en el desarrollo.
En definitiva, la consigna no es fácil, requiere integridad, coraje y compromiso del Gobierno y participación ciudadana en la consolidación de instituciones democráticas fuertes que trasciendan lo coyuntural y pavimenten el camino hacia una sociedad más justa.
