Muerto en agosto de 2024 durante un allanamiento a su residencia durante el Operativo Pavo Real, Eulalio Lalo Gomes había sido imputado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico y relacionado con narcotraficantes del Brasil. Las conversaciones halladas en su teléfono celular han causado un sismo difícil de dimensionar. Autoridades nacionales y funcionarios deben tener siempre en cuenta la vigencia de una ley que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
En el informe, remitido a la Fiscalía por el juez Osmar Legal sobre los datos extraídos del celular del fallecido diputado colorado, se leen revelaciones e indicios de corrupción pública, que involucraban al diputado colorado, dos fiscalas y una jueza de Pedro Juan Caballero.
Ante la profusión de datos e información no se debe perder de vista que inicialmente fueron expuestas conversaciones que el ex diputado colorado intercambió con la jueza penal Sadi López; entre las capturas se destacan mensajes donde la magistrada le pide su “apoyo” en una causa en su contra que fue derivada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La magistrada le solicitaba cómo quería que se resuelva el caso que, finalmente, terminó con su absolución. Otros diálogos mostraban indicios sobre los favores que la magistrada habría brindado a Gomes en diferentes causas.
En 2023, los mensajes entre la fiscala Antidrogas Katia Uemura y Lalo Gomes destapan un presunto tráfico de influencias, donde el entonces diputado intercedió por la agente del Ministerio Público en una investigación abierta en el JEM por presuntos nexos con el narcotráfico. Gomes le comunicaba a la fiscala que el entonces presidente del JEM, Orlando Arévalo, le iba “a solucionar”. Y así fue al parecer, pues dicho órgano constitucional abrió una investigación que luego fue archivada, tal como lo había adelantado Uemura en una conversación.
En estos casos se habla de presunto tráfico de influencias, pues Orlando Arévalo era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y fue vicepresidente hasta su reciente pedido de permiso.
A lo largo de la pasada semana, la ciudadanía se ha visto abrumada por la profusión de información resultante de un informe sobre el contenido de un celular. Dicha información indica a las claras la dimensión que adquiere el presunto manejo de nuestra Justicia con el tráfico de influencia.
Es necesario mencionar que nuestro país cuenta con una ley, la número 2523 del 2004 en la que está tipificado el delito de tráfico de influencias, que es descrito así: 1) El que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público, en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer invocando poseer relaciones de importancia o influencia reales o simuladas, será castigado con pena privativa de libertad hasta tres años o multa. Y agrega que igual pena se aplicará a quien entregue o prometa dinero o cualquier otro beneficio, para obtener el favor de un funcionario público.
El punto tres del artículo es contundente: Si la conducta señalada en los incisos 1) y 2) de este artículo estuviera destinada a hacer valer una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o ante fiscales del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen en asuntos sometidos a su consideración, el límite legal máximo de la sanción se elevará hasta cinco años de pena privativa de libertad.
No cabe la menor duda de que los recientes acontecimientos ponen en evidencia el deterioro del sistema de Justicia en nuestro país. Resulta pues muy preocupante la ya conocida impunidad que se ha extendido a lo largo de los años en cuanto a los casos de influencia y corrupción pública, todo aquello que a la vez socava el Estado de derecho y la seguridad jurídica en Paraguay.
