La reciente filtración de unos denominados #NarcoFiles revela que, la ruta de la cocaína que va a Europa incluye al Paraguay como territorio próspero para el narcotráfico, precisamente por la falta de controles. Señalan que la droga viene de Bolivia, Perú y Colombia y que baja desde avionetas clandestinas al Chaco paraguayo, donde no hay radares y los controles militares son escasos, para un territorio inmenso y sin controles.
Como resultado, Paraguay es el centro de acopio de la cocaína que luego es transportada por vía terrestre hasta los puertos. Esa falta de controles, esa vía libre para que operen las organizaciones delincuenciales locales e internacionales ha sido posible mediante un lento y organizado proceso de copamiento por parte del crimen organizado. Primero, auspiciaron a políticos para que estos lleguen a ocupar cargos de relevancia y cuiden por sus intereses, pero después descubrieron que gracias a los ingentes recursos que disponían, ellos mismos podrían ocupar esos espacios sin necesitar a intermediarios.
Esto se corrobora con un informe de este 2023, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que afirmaba que la impunidad en Paraguay es endémica entre los funcionarios de alto nivel. “Hubo informes generalizados de corrupción gubernamental en todas las ramas y en todos los niveles, con investigaciones periodísticas y de oenegés que informan sobre casos de malversación de impuestos, evasión, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal”. En este reporte constaba un recuento esclarecedor: Para el 17 de octubre de 2022, los casos de corrupción de alto nivel sin resolver incluían a cuatro ex ministros de la anterior administración, dos ahora ex ministros de la anterior administración; además de ex integrantes y miembros del Congreso, un ex fiscal general, tres ex gobernadores y un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Lo peor que le puede suceder a nuestro sistema democrático es que normalicemos la corrupción y su impunidad. Que para los paraguayos y paraguayas sean normales que diputados y senadores sean investigados e imputados por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, y que a pesar de todo ello, ganen elecciones y nunca sean sancionados por esas actividades. El Operativo A Ultranza Py, de hace aproximadamente dos años atrás, expuso los niveles de permeabilidad del narcotráfico en las esferas del Estado, así es que se pudo ver que traficantes y lavadores de dinero estaban relacionados con empresas de fachada que comprometían a políticos, funcionarios, proveedores del Estado, parlamentarios y hasta un pastor evangélico que blanqueaba capitales.
El operativo mostró el lujo que solventa el dinero sucio, y de alguna forma explica que este tipo de opción de vida se esté convirtiendo en aspiracional para muchas personas.
Recordemos que Paraguay es un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, un país en el que no todos tienen posibilidades de acceder a la salud y la educación; un país donde el mismo presidente afirma que estudiar no sirve para obtener un puesto de trabajo con buen salario.
Sumado a esto se encuentra un argumento clave: La impunidad que evidentemente gozan algunos delincuentes, así como funcionarios acusados de corrupción pública, los cuales mediante maniobras legales suele gozar de absoluta impunidad.
Se debe admitir que las instituciones son frágiles, lo que las predispone a ser infiltradas por la delincuencia. La situación en la que nos encontramos es, sin duda, serio peligro para nuestra democracia y estado de derecho, pues un Estado débil favorece al crimen organizado y al narco.
