A medida que pasa el tiempo, también surgen más evidencias de ese entramado de poder y corrupción que implicaba todo un esquema que involucraba a magistrados, fiscales y al propio Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el apriete y blanqueo.
Hoy se espera que algunas instituciones republicanas den señales más contundentes sobre el esquema que implicaba, como mínimo, tráfico de influencias y seguramente otros delitos en los que jueces, fiscales y políticos eran actores principales.
Urge que las instituciones se fortalezcan con acciones convincentes y claras contra todo esquema de corrupción, más aún cuando implican a actores del Poder Judicial, del Ministerio Público y del JEM. No debe normalizarse el descrédito hacia los integrantes de la Justicia, porque también existen buenos jueces y fiscales. Sin embargo, cuando se ve una escuálida reacción del Ministerio Público en la investigación, poco favor hace esta institución para recuperar la confianza de la ciudadanía.
El Ministerio Público compartió “las acciones tomadas por la Fiscalía a partir de los datos del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes”, las cuales incluyen las diligencias realizadas hasta ahora por el equipo fiscal que se aboca a la investigación, tras la denuncia del juez Osmar Legal. En la cronología señala que el pasado 3 de febrero la Fiscalía inició la investigación, a raíz de la denuncia del magistrado contra el Crimen Organizado.
Los fiscales de la Unidad de Anticorrupción asignados fueron Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Soledad Machuca.
Esta denuncia menciona indicios de tráfico de influencias que involucra a actores importantes de la Justicia, como el ahora ex diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la hoy ex jueza Sadi López.
Estos mantenían conversaciones constantes con el diputado Eulalio Gomes, quien intermediaba para salvar a las magistradas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuando Arévalo era titular de ese órgano.
Luego de abrir esta causa en Fiscalía, el pasado 4 de febrero, el fiscal general Emiliano Rolón remitió un informe al Jurado, “con el objetivo de facilitar la evaluación y, de ser necesario, la suspensión de oficio de jueces y fiscales implicados”.
Ya el 5 de febrero, se ordenó un sumario administrativo a las fiscalas denunciadas, Stella Mary Cano y Katia Uemura, a fin de investigar posibles irregularidades en las causas que ambas llevaban.
Lo último es que la semana pasada el equipo de investigación retiró del Juzgado la copia espejo del teléfono de Eulalio Gomes, en el que se había evidenciado el tráfico de influencias denunciado.
Es decir, por lo expuesto anteriormente por el Ministerio Público, las diligencias son insuficientes para un caso tan relevante que se expone claramente con un alto grado de corrupción pública que demanda una reacción determinante y con celeridad de parte de los órganos que tienen el rol de la persecución penal, como la Fiscalía.
Hasta ahora se realizaron pocas diligencias, no hubo allanamientos y ya sería mucho alguna imputación en medio de un sinnúmero de hechos que llaman poderosamente la atención por la impunidad con que sus protagonistas se manejaban. Esperemos que el Ministerio Público sorprenda en breve con alguna decisión sobre este contubernio.
