Hace una semana se discutían en Paraguay las políticas para mejorar la producción de alimentos en las pequeñas fincas de la región. En el marco de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, bajo la presidencia pro tempore de nuestro país se abordaron los problemas de contrabando, de asistencia técnica, comercialización justa y acceso a la tecnología, además de la desigualdad de género en el campo como un tema transversal, aunque poco ruido tuvo el debate fuera de los salones donde se definía la ruta hacia la seguridad alimentaria.
En el arranque del encuentro Paraguay pidió la colaboración de los países para combatir el contrabando que golpea fuertemente a los pequeños productores paraguayos al perder competitividad en el mercado nacional frente a los productos ilegales que ingresan principalmente desde Argentina y Brasil a muy bajos precios y a veces hasta con mejor calidad.
A pesar de los continuos trabajos de incautaciones de cargas de hortalizas, la circulación de mercaderías ilícitas no para y parece ser que las políticas de persecución no son suficientes para dar solución a un conflicto histórico. Los agricultores piden un ataque más fuerte de parte de los organismos de seguridad y que se aplique la ley que desde el 2019 criminaliza este hecho con una pena privativa de libertad de hasta 10 años, pero desde entonces tampoco se ha registrado una condena por esta causa.
Entre los responsables del ingreso de verduras ilegales hay importadores, un sector que argumenta la preferencia de los clientes hacia productos extranjeros no solo por los precios, sino también por la calidad y es que la producción de hortalizas está mucho más desarrollada en otros países, mientras que en Paraguay la mayoría trabaja con poca tecnificación y en medio de una escasez de semillas, además con costos muy elevados de todos los insumos.
Pero la explicación principal es que la producción nacional no abastece la demanda interna que, en el caso del tomate, llega a 200 toneladas diarias. Entonces, la mayor parte del año se depende de la importación. Sin embargo, en esta época de mayor oferta, el Gobierno usa algunas herramientas para prohibir la importación y proteger la producción nacional que busca un comercio justo, pero pocos resultados se han tenido.
Si bien el Estado se jacta de regirse bajo la “ley de oferta y demanda”, contradictoriamente utiliza la Acreditación Fitosanitaria de Importación para regular la comercialización de alimentos extranjeros de origen vegetal ante la ausencia de un instrumento que sincere las acciones sobre esta problemática. Mientras tanto los productos de contrabando siguen permeando las fronteras y acogotando a la agricultura familiar, que a su vez va acumulando deudas y disminuyendo su capacidad productiva.
Sobre este escenario, la viceministra de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de Argentina, Yanina Settembrino, opina que se deben discutir acuerdos entre los países. No se refirió precisamente a la persecución penal como política pública para enfrentar el contrabando, sino a convenios para primeramente formalizar a todos los productores y todos los intercambios comerciales, para luego ir pensando también en políticas de unificación de precios o de compensación a un sector que está produciendo alimentos frescos y cuyo protagonismo se observó sobre todo en la pandemia. En ese sentido plantea que la agricultura familiar este en el centro de las políticas de producción de los países, porque es la que puede garantizar la seguridad alimentaria, es decir, con alimentos sanos y accesibles, dependiendo de las medidas estatales que promuevan esta visión.
Este abordaje es muy controversial en Paraguay, donde todavía persiste la idea de que la riqueza es únicamente el fruto del esfuerzo y no se reconoce la desigualdad de oportunidades y condiciones para el desarrollo colectivo en el campo. No obstante es un tema urgente a tratar, así como los demás problemas expuestos relacionados a acceso a derechos básicos de las familias rurales.
