Siguen las chicanas para evitar hablar sobre gastos por Covid-19 durante la gestión del ahora electo jefe comunal, Óscar Nenecho Rodríguez. En la jornada de ayer estaba prevista la interpelación del intendente interino de Asunción, César Ojeda (ANR) ante el pleno de la Junta Municipal. Sin embargo, presentó una nota en la que vetó el pedido de su propia interpelación. Tampoco aparecieron: el jefe de gabinete, Wilfrido Cáceres y la directora de Gestión Reducción de Riesgos, Nidia López. Ambos se excusaron “habidas cuentas de que se halla pendiente el veto parcial de la Intendencia”.
Finalmente por 14 votos contra ocho, los ediles devolvieron los mensajes y se reitera la convocatoria para el próximo miércoles.
Como absurdo, disparate jurídico y administrativo además de inadmisible consideró el hecho el edil Federico Franco Troche (JP), quien citó varias normativas al resaltar que un intendente no puede vetar un pedido de interpelación o intervención.
El argumento de Ojeda fue que no se le envió un cuestionario. En tanto, los ediles opositores recordaron que existen varias resoluciones de urgimiento de informes de gestiones por Covid-19.
“No sé quién lo asesora, no sé cuáles son las intenciones detrás de este veto. Tanto desde el punto de vista constitucional, la ley orgánica y el reglamento interno no se contempla la posibilidad del veto a una resolución por la cual el intendente está obligado a comparecer ante la Junta Municipal”, indicó.
El edil Rodrigo Buongermini (JP) hizo alusión a lo que de manera reiterada manifestaba Nenecho: “El que nada debe nada teme” y aseveró que “tienen mucho que temer porque deben mucho”.
Al respecto, el concejal José Alvarenga (ANR), quien mantiene una marcada diferencia con Boungermini, manifestó que hoy los que se rasgan las vestiduras también dejaban sin cuórum cuando se solicitaba la interpelación del ex intendente Mario Ferreiro, quien también acusado por supuestos hechos de corrupción.
Fiscalía
El concejal Elvio Segovia (PDP) comentó que este viernes pedirán audiencia con representantes del Ministerio Público ante la falta de asignación de un fiscal para investigar las supuestas irregularidades, a pesar de que las denunciadas fueron presentadas ya hace varias semanas.
El veto (sobre interpelación) es un adefesio jurídico y administrativo. A través de chicanas se busca dilatar la información que tantas veces se ha sido solicitado. Federico Franco Troche, concejal (Juntos Podemos).
El intendente alega que no se le remitió un cuestionario. Pero tenemos varias minutas sobre pedido de informe y el tema en sí, manejo de los fondos por Covid-19, ya era una pregunta genérica. Elvio Segovia, concejal (PDP).
