“La sanción inmediata es que el Ministerio de Hacienda no desembolse el porcentaje que les corresponde y está estipulado por ley, que los municipios deben rendir cuentas para seguir recibiendo lo fondos”, explicó Mario Flor, director de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República.
Además, a través de una auditoria se está siguiendo ambos casos para investigar en qué utilizaron los recursos lo intendentes de dichos municipios. Se trata de César Sánchez de Guazú Cuá, y de Sergio Rubén Cuéllar de Fuerte Olimpo. Ambos son de la ANR.
En el informe que la Contraloría se puede observar que el 42% de los fondos no se ejecutaron y que los gobiernos departamentales de Caaguazú y Ñeembucú, así como también 16 municipalidades no ejecutaron el 30% del gasto presupuestado destinado a proyectos de almuerzo escolar. Ese dinero, al no ser utilizado quedó en las arcas del Ministerio de Hacienda.
“Hay que ver por qué esas instituciones no están pudiendo ejecutar, si es cuestión de falta de proveedores, o si no se hizo a tiempo el desembolso, pero lo que se puede ver en materia de almuerzo escolar es una baja ejecución”, manifestó el funcionario.
Por otro lado, trajo a colación que el 16 de mayo vence el plazo de presentación del informe de rendición de cuentas de los fondos desembolsados en el mes de enero. Este plazo de entrega podría postergarse en el marco de la emergencia del Covid-19 y depende del dictamen de la asesoría jurídica de la Contraloría, explicó Mario Flor.
Esto es debido al pedido de los intendentes quienes solicitaron una prórroga de la entrega del informe a la Contraloría y a Hacienda.
“Mi criterio es que la rendición de cuentas se debe hacer necesariamente porque la ley estipula. Si se posterga la rendición, más tiempo se tardará el desembolso y directamente serán perjudicadas las comunidades” opinó.