Llamó la atención la reciente visita de una comitiva de agentes de la Fiscalía y de la Administración de Control de Drogas (DEA), a Colombia, para entrevistar a los principales implicados en el homicidio: Francisco Luis Correa, los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos y Margareth Chacón.
Fuentes pudieron confirmar que una Corte del Sur de Florida determinó abrir una causa y se sospecha que puedan pedir la extradición de los cuatro procesados.
Al respecto, el periodista uruguayo Nicolás Centurión, especialista en crimen organizado y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), refirió que el interés de extraditar a los condenados se debería “a que el pago de 530.000 dólares por el asesinato se realizó utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos, específicamente una entidad financiera del estado de Florida”.
Dijo que, de comprobarse esto, “ahí es territorio y le compete la jurisdicción a Estados Unidos”.
Y el interés no solo vendría porque se habría usado un banco americano para el pago, sino que también dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene “competencia mundial” cuando se demuestra que se utilizaron dólares estadounidenses en una transacción ilegal.
REPORTE “FALSO”. En marzo de este año, el ex presidente Horacio Cartes, a quien se le vinculó como presunto autor intelectual del crimen, agregó unos documentos ante el Ministerio Público paraguayo.
Serían documentos que se hacían pasar como informes de inteligencia, pero que –según denunció– serían falsos. Pidió a los fiscales que investiguen la procedencia de ese reporte.
En el último párrafo del informe dice que “el fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, siguió la línea de investigación y ha sido hackeado y mandado a asesinar, de acuerdo a los detalles adjuntados”.
También hay supuestos correos entre Tabesa y la compañía (Cidcitei General Trading LLC), donde hablan de una presunta transferencia enviada por Tabacalera del Este, por la suma de USD 559.148, a Margareth Chacón.
Cartes expuso que este reporte de inteligencia no tenía firma ni indicación del organismo, por lo que fuentes aseguran que la Fiscalía debería indagar con la Embajada americana la autenticidad de este supuesto informe.
EL CRIMEN. El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en Colombia el 10 de mayo del 2022, donde se encontraba de luna de miel. En dicho país se pudo determinar nueve personas implicadas en el asesinato, de los cuales siete ya fueron condenados.
Según el analista Nicolás Centurión, “a los acusados (por el crimen de Pecci) también le puede caber las generales de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, por sus siglas en inglés)”. Esta es una ley federal estadounidense, concebida a finales de la década de 1960 para luchar contra el crimen organizado, mencionó. Dijo que se puede usar esa ley, “simplemente porque la transacción ilegal se realizó con dólares estadounidenses, que necesariamente tuvieron que ser emitidos por la Reserva Federal de ese país”. Consideró llamativa la movilización del país norteamericano para que se esclarezca este crimen. Según Centurión, puede haber determinadas sospechas en el caso, pero que la cuestión de la ley va porque la transacción, el pago de estos USD 530.000, habría pasado por una financiera en Florida. Hasta ahora son tres países –Colombia, Paraguay y EEUU– los que se encargan de investigar el caso.
