Este es lo que se podría denominar un clásico conflicto de interés y se entiende ahora por qué la norma reglamentaria no prosperó como debiera.
El Estado paraguayo es la gran empresa de este país. Compra bienes y servicios por valores superiores a USD 6.000 millones, de los cuales roba según el BM y el BID casi USD 2.000 millones. Le llaman “malgasto público”, que ahora en el presupuesto por estudiar el Ministerio de Economía dice que reducirá la hemorragia en menos de USD 15 millones. ¡Nada! La pérdida sigue siendo inmensamente grande y se deviene en conceder contratos a empresas de seguros de amigos, compras equivocadas de insumos o alocación de recursos sin retorno ni razón. Son tan malos comprando que los propios tomateros correligionarios del partido en el poder tienen que tirar su producción cuando el programa Hambre Cero que da de comer a miles les hubiera comprado con preferencia toda la producción. Claro, no hay interés en que eso se haga y es probable que el comprador no toque algo en el proceso. El sistema es perverso y hacer mal las cosas en detrimento de todos es la norma y el modelo.
El interés del servicio no existe. Se hacen las cosas cuando conviene a los que están metidos en el negocio. Si se trata de alquiler de locales se privilegia a los amigos por un valor superior a los USD 25 millones anuales y se pretexta que no hay muebles para dejar sin uso el construido y abandonado complejo de ministerios en el ex-Puerto asunceno. Se gastaron millones, pero no hay interés de cortarles el chorro a los amigos proveedores de locales. Está preso un ex ministro de Educación Riart, quien compró un edificio que nunca fue utilizado para los fines que requería y por ser liberal compurga una pena por un delito que nunca existió. El interés de lo público es solo el interés de los privados envueltos en el negocio. Esa monumental arquitectura de corrupción es lo que sostiene este sistema privando de educación, seguridad y salud, entre otras cosas, a un país que no sabe ni quiere saber por qué le roban, le privan de oportunidades o lo matan. Visiten las escuelas y los hospitales públicos para comprobar adónde van los 2.000 millones de robo anual del presupuesto público.
El IPS es un caso de estudio de la corrupción. Todo está podrido y el consejero De los Ríos, cuyos subalternos amputaron la pierna equivocada de un paciente, lo dice con claridad: “Hay que invertir en hospitales de la capital y no en el interior”. Los campesinos que se mueran más o menos es lo que nos dice. Y sigue en el cargo cada vez más sólido, quizás, porque está asignado para cuidar los intereses de algunos que nunca son ni los patrones ni los empleados, verdaderos dueños de la previsional. Los intereses que gana el banco del que el presidente Peña es accionista son finalmente su dinero particular.
Al final de su mandato, nos dirá que triplicó su millón de dólares porque el IPS fondeó la institución bancaria de la que él forma parte.
No faltará alguno que diga: “Para qué es presidente si no abusa del poder que le dimos”. Si esto no cambia, tus intereses nunca serán los de ellos y esto no será una República. ¿Lo entiendes?
