Los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera tienen a su cargo establecer la condena a Óscar González Daher y su hijo, el concejal luqueño Óscar Rubén González Chaves. La liberación inició a las 13.00 del miércoles, tras culminar el juicio oral y público.
Desde la noche del miércoles que hay mucha expectativa por la resolución del Tribunal de Sentencia, pero el fallo se fue desplazando en varias ocasiones. Al principio se esperaba el resultado a las 22.00, luego pasó a la medianoche, posteriormente a las 6.00 de este jueves.
Sin embargo, hasta el momento continúa la incertidumbre sobre la condena que recibirán los políticos luqueños por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
La Fiscalía solicitó 10 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos y el comiso especial.
Lea más: “Larga deliberación del Tribunal pasó la medianoche en caso OGD e hijo”
Este juicio al otrora poderoso dirigente colorado luqueño y a su hijo es emblemático y el actuar tanto de los magistrados como del Ministerio Público está bajo la lupa de organismos internacionales como Gafilat y el Gobierno de los Estados Unidos.
El juicio oral se inició a finales del mes de febrero, por lo que son seis meses de juicio oral, donde declararon unos treinta testigos, pero la mayor parte del juicio oral se basó en las pruebas documentales con respecto a los movimientos financieros de los acusados y de la firma Príncipe Di Savoia.
A esto se suman las declaraciones de los peritos, entre ellos, la cuestionada licenciada Elizabeth Benítez y el perito de la defensa, quienes declararon por más de dos semanas, ya que fueron presentando su trabajo punto por punto.
El abogado Claudio Lovera, defensa de los González Daher, en sus alegatos, indicó que no correspondía la inhabilitación para ejercer cargos públicos, ya que no se probó que los hechos que se les atribuye tuvieran relación con los cargos que ejercían.
Sobre el comiso especial, alegó que tampoco correspondía, porque no se alertó antes a la defensa, como exige la ley, para poder defenderse y presentar pruebas.