Alejandra Peralta es doctora en Derecho, magíster en Derechos Humanos (DDHH), especialista en gobernabilidad, diplomada en Transparencia y Lucha contra la Corrupción por la Universidad de Chile. Becaria de American University, catedrática de DDHH en la Escuela Judicial, la Universidad Católica y la Escuela de Gobernabilidad de la Universidad Columbia. Es autora de libros sobre DDHH y conferencista internacional. Conversamos con ella proponiéndole cuanto sigue:
–Da la impresión de que el Paraguay acepta a medias las políticas de DDHH, por mera presión internacional, y no por convencimiento político interno. Ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU, cuyo debate y aprobación fue durante el gobierno de Horacio Cartes, hoy es cuestionada por su sector político.
–Para la adopción de tratados internacionales de derechos humanos (DDHH) se necesita la aceptación de 2/3 de los Estados parte, muchas veces esta aceptación es política, para dar la oportunidad de que un tratado pueda aprobarse los Estados dan su voto, pero luego viene la ratificación que es el compromiso que asumen de cumplir ese tratado. Recién allí es vinculante. En dictadura stronista, Paraguay adoptaba todos los tratados de derechos humanos, pero no ratificaba ninguno; recién con la caída del régimen se empezaron a ratificar los tratados.
La primera ratificación fue justamente la Convención Americana por Ley N° 1 de la era democrática.
Hoy en día Paraguay ratificó todos los tratados de derechos humanos porque políticamente no le conviene presentarse ante la comunidad internacional como un país que no cumple tales derechos. Ser un Estado democrático implica el reconocimiento de DDHH y eso se plasma en los compromisos internacionales a través de los tratados. Los diplomáticos recomiendan a nuestras autoridades de turno que ratifiquen los tratados de DDHH para que la comunidad internacional vea con buenos ojos a Paraguay, incluso para la concesión de préstamos y ayudas internacionales en diversas materias.
–¿Pero qué pasa internamente?
–Internamente no existe un compromiso real, muchas veces por desconocimiento, otras veces por populismo político, o bien, por priorizar otras cosas en la agenda política.
El ejemplo más claro de desconocimiento lo tenemos cuando vemos a nuestros legisladores plantear proyectos de ley contrarios a las convenciones que ratificamos, como por ejemplo la castración química, la pena de muerte, la prohibición de manifestaciones, la imposición de la prisión preventiva como regla para casos de crímenes, etc. Son proyectos que parecen “vendibles”. Pero son inviables porque para apartarnos de un tratado de derechos humanos que ratificamos como país, según el artículo 142 de la Constitución, debemos seguir el mismo procedimiento que para la enmienda constitucional, es decir, a través de un referéndum.
Luego tenemos ciertos sectores que quieren establecer discursos de odio y división, pero en realidad lo que pretenden es mantener el poder a través de la discriminación. Hay que recordar que con estos discursos de odio muchos lograron instalarse y mantener el poder, por ejemplo, el Ku Klux Klan, los movimientos antisemitas, etc.
Hoy en Paraguay existen muchas formas de discriminación y negación de derechos contra ciertos grupos a quienes se pretende invisibilizar.
Mucha gente pretende satanizar el concepto de derechos humanos asociándolo únicamente a grupos que “defienden a delincuentes”, cuando en realidad los DDHH son el ropaje de la dignidad que tenemos todos como personas. Son derechos tan básicos y elementales como una educación de calidad, agua potable, acceso a caminos para llegar a las escuelas, alimentación saludable, vivienda digna, libertad de expresión, juicio justo, etc.
–Hemos visto que estuvo explicando a través de Twitter cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, que incluye 169 metas. ¿Qué se tergiversa intencionalmente al respecto?
–Los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) son 17, que los Estados parte de Naciones Unidas, incluyendo a Paraguay, se pusieron como desafío en 2015 para los próximos 15 años, es decir, hasta el 2030. Incluye el derecho a una educación de calidad, disminución de la pobreza, igualdad de género, salud de calidad, hambre cero, conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos, paz justicia e instituciones sólidas, etc.
Si existe un rechazo a esta agenda es simplemente porque existen grupos que desean que se sigan manteniendo desigualdades y discriminaciones.
No se puede estar en contra de la disminución de la pobreza, de la erradicación del hambre, en contra de la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres, en contra de una educación de calidad y de una salud y bienestar social. Evidentemente los grupos que satanizan esta agenda o hablan desde el absoluto desconocimiento o lo hacen con un interés de mantener el poder a través de los discursos de odio y discriminación disfrazados de “protección de otros derechos”, pero en realidad es una tergiversación de la naturaleza y el espíritu de esta agenda común que han acordado los Estados.
Existe mucho desconocimiento y, lastimosamente, los sectores que quieren seguir manteniendo el statu quo se aprovechan de este desconocimiento. Muchos incluso niegan que exista el feminicidio, diciendo que es una creación del movimiento feminista, cuando las cifras a nivel nacional y regional reflejan lo contrario. Este año ya lamentamos 30 feminicidios y los casos de violencia de género van en aumento, pero estos grupos siguen satanizando el término “género” por ejemplo.
–¿Qué deberían hacer el Gobierno y las organizaciones civiles para que se conozca lo que es realmente tal Agenda de la ONU y que a criterio suyo no se está haciendo?
–Educar en derechos humanos es fundamental en todos los niveles de enseñanza y contrarrestar el discurso de los grupos que desinforman.
Todas las instituciones públicas cuentan en sus páginas con la información suficiente con el compromiso que le toca. Ejemplo, el ODS 3 se refiere a la salud y bienestar, el Ministerio de Salud en su página muestra el avance que está realizando como institución para el cumplimiento de los indicadores de ese objetivo.
Pero no se debe agotar solamente en publicar en la página web, ya que solo un porcentaje de la población sabe leer, y de ese porcentaje solo una parte tiene acceso a internet, y de ese porcentaje nuevamente solo un ínfimo numero de personas sabe cómo encontrar la información.
Entonces falta mayor contacto de las autoridades con el pueblo, decir lo que se hace, usar las redes sociales, pero también buscar espacios de comunicación con la gente.
–Paraguay creó el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales en DDHH, Simore, que es parte de su oferta de cooperación internacional. Además es miembro del Consejo de DDHH de la ONU. Pero internamente ni siquiera se tiene asumida la igualdad de género. ¿Cómo explicar estas contradicciones?
–No solo no se tiene asumida la igualdad de género, tampoco contamos con un tipo penal de violencia de género, cuando las cifras de violencia contra la mujer crecen día a día, y en las mallas curriculares se cambiaron los nombres de las asignaturas de igualdad de género por igualdad entre hombres y mujeres. Esto debido a que se tiene mucho temor a la palabra género.
Se la asocia con el colectivo LGTBIQ+, lo cual también es discriminación, ya que son seres humanos como cualquiera de nosotros, con derechos y garantías que deben ser respetados en un plano de igualdad real, pero no es así. Ellos son discriminados en varios aspectos, como el acceso al trabajo. Un 93% de las personas trans deben dedicarse al trabajo sexual porque no tienen inserción laboral y no la tienen porque no acceden a cursos de capacitación en oficios. No podemos invisibilizar la realidad, todas las ciencias se han adaptado a los cambios sociales, como la sicología, la medicina, y mucho más debe adaptarse el derecho, sin imposición de dogmas, ya que el nuestro es un Estado laico y las leyes deben hacerse tanto para cristianos, musulmanes y ateos.
–¿Es una posición antiderecho considerar que los reclamos a favor de la equidad, del acceso a la justicia, o contra la no discriminación, etc., se vea solo como un asunto de las oenegés?
–Absolutamente. Además de no reconocer que somos un Estado Social de Derecho, lo que significa un Estado sometido a las leyes. Que adopta las políticas públicas necesarias para combatir las inequidades y atender a los grupos más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad. Entonces, estos grupos están violentando la naturaleza de la conformación del Estado paraguayo. Lo penoso es ver a políticos y otras autoridades públicas seguir el mismo discurso, allí si se compromete al Estado paraguayo.
–A propósito de autoridades, un diputado planteó un proyecto de declaración, que se aprobó por unanimidad, por el que se exhorta a las instituciones de seguridad a ocuparse de los “pirañitas” (sic) en Ciudad del Este, porque ponen en peligro el desarrollo de esta ciudad. ¿Qué revela este tipo de miradas?
–A esto lo conocemos en doctrina como “derecho penal del enemigo”, cuando se pretende utilizar al derecho penal como garrote contra personas que en realidad merecen atención e intervención estatal.
Por ejemplo, las personas en extrema pobreza, los niños que inhalan cola de zapatero en los semáforos, etc. Usar el derecho penal o la fuerza coercitiva de los organismos de seguridad es la demostración más clara de la ineficiencia estatal en materia de prevención.
Han fallado todas las instituciones que deben proteger a los niños y a los miembros de comunidades indígenas. Lo más fácil es recurrir a la fuerza pública o al derecho penal como garrote, pero lo que estamos haciendo es perpetuar la mendicidad, la delincuencia juvenil, la imposibilidad de readaptación, porque trabajar en un proyecto de vida digna para todas y todos por igual lleva tiempo, planificación pero sobre todo, voluntad.
–En el ámbito de la OEA se había adoptado en 2013 la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Pero de 35 países, solo 12 la firmaron y 2 la ratificaron e hicieron el depósito del documento ante el organismo. Paraguay está entre los que no la ratificaron. ¿Cómo explicaría esto?
–Es que una de las deudas que arrastra el Paraguay es la adopción de una ley interna contra toda forma de discriminación. Se presentaron proyectos en el Parlamento, pero ninguno ha prosperado por la desinformación que se genera en torno a eso, cuando en realidad lo que hacemos es perjudicarnos a nosotros mismos.
La discriminación está prohibida, por Constitución y por Convención; sin embargo, muchos quieren reservarse un supuesto derecho a discriminar. Al no contar con una ley contra toda forma de discriminación, nos estamos privando de la posibilidad de que sean sancionadas las personas, empresas, instituciones o locales que discriminen, nos quedamos en una garantía constitucional, pero sin una ley que regule esta garantía, la misma es letra muerta.
Por este motivo Paraguay ya fue observado en el examen periódico universal que presenta cada 4 años ante Naciones Unidas. Sin embargo, cada vez que se plantea en el Congreso se levanta un fuerte lobby que desinforma y mete mucho temor a la población.
Tenemos ciertos sectores que quieren establecer discursos de odio y división y mantener el poder a través de la discriminación.
Hoy existen muchas formas de discriminación y negación de derechos contra grupos a los que se pretende invisibilizar.
Se pretende utilizar al derecho penal como garrote contra personas que en realidad merecen atención e intervención estatal.
EN DERECHOS HUMANOS
Existe mucho desconocimiento, populismo y la agenda política prioriza otros temas.
Muchos satanizan el concepto asociándolo únicamente a grupos que defienden a delincuentes.
Han fallado todas las instituciones que deben proteger a los niños y a los miembros de comunidades indígenas en nuestro país.
- Muchos niegan que exista el feminicidio, dicen que es creación del movimiento feminista. Las cifras reflejan lo contrario.