“Crispín Gilberto Rojas pasó muchos días encerrado en un calabozo, sin sanitarios, debiendo orinar y defecar en una botella de plástico de gaseosa”, detallaba el abogado Hugo López en el escrito de habeas corpus genérico que presentó ante la Corte Suprema de Justicia donde detalla las condiciones en que estuvo recluido su cliente, procesado por violencia intrafamiliar.
Con el escrito, el abogado solicitó a la Corte la rectificación de las condiciones de reclusión que consideran indignas, asegurando que a su cliente lo encerraron en una celda de aislamiento por motivos que aún se desconocen. El escrito desnuda la corrupción en los centros penitenciarios que muchos reclusos salidos en libertad se animan a denunciar.
Rojas sostiene que en el tiempo en que estuvo aislado tenía que pagar 30 mil guaraníes por un plato de comida. 15 por el plato, 10 mil guaraníes como “impuesto interno” al guardia que está en el lugar y 5 mil guaraníes para otro recluso que haga el trabajo de ir a comprar la comida en la cantina, ya que él no podía moverse del calabozo en que estaba retenido.
El caso por el que fue imputado Rojas sucedió en Asunción, pero el mismo fue trasladado a Misiones y luego al Centro de Rehabilitación Social (Cereso), ubicado en la localidad de Cambyretá, Itapúa.
traslado. El abogado Hugo López indicó que el traslado se realizó supuestamente por la influencia de la mujer que denunció a su cliente, ya que, según él, ella es funcionaria del Ministerio de Justicia.
“La prisión preventiva es una medida cautelar que solo tiene por objeto asegurar la vinculación del incoado al proceso penal hasta el juicio oral; es decir, no se trata de una condena y menos aún en las condiciones infrahumanas al que lo someten a Crispín Gilberto Rojas”, dice parte del escrito.
Crispín abandonó el calabozo de aislamiento y actualmente se encuentra en uno de los pabellones.
Pero según su representante legal su vida está en peligro, ya que recibió varios ataques y amenazas por parte de otros internos.
Sus abogados a través del habeas corpus solicitaron su traslado del penal a la Penitenciaría de Tacumbú, pero la Corte Suprema rechazó el pedido aduciendo que no se constató que haya algún hecho que ponga en peligro la integridad física del recluso.
