La ministra de Justicia, en su nota, había requerido a la Corte disponer la revisión de oficio de estas personas, teniendo como objetivo evitar al máximo la expansión del coronavirus en las penitenciarías, donde existe hacinamiento y aglomeración de gente.
La ministra Carolina Llanes explicó al pleno, que la Sala Penal, al conocer la nota, ya dispuso pedir informes al Ministerio de la Defensa Pública y al Ministerio de Justicia, de la lista de los reclusos que cumplen con estas características.
Esto fue aprobado luego por sus colegas ministros, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro país, que obligó a la Corte también a la suspensión de actividades judiciales.
Con ello, una vez que se tenga la lista de reclusos, se revisará la situación de cada uno, ya sea condenados o con prisión preventiva, de modo a beneficiar con el arresto domiciliario a algunos para que cumplan con las medidas dictadas por el gobierno.
Actualmente, en nuestras cárceles hay alrededor de 16.030 internos, cuando hay capacidad para albergar a 9.500 personas, con lo que existe una superpoblación en todos los penales.
La solicitud ya fue remitida a las dos instituciones, que deberán pasar la lista de los reclusos que se encuentran en esa situación, para realizar las revisiones de oficio, que están previstas en la legislación procesal.
OTRAS MEDIDAS. El pleno dictó otras varias medidas, entre ellas, dispensar de cumplir servicio durante la emergencia sanitaria a las funcionarias judiciales y policiales que están embarazadas o en estado de lactancia, además de todos los que tienen 65 años, incluyendo los magistrados.
Según se dijo en el pleno, la resolución iba a ser de cumplimiento inmediato, teniendo en cuenta que lo que se quiere es que estas personas no se expongan al Covid-19.
Con la medida, solo en el Tribunal de Apelación en lo Penal están comprendidos en la franja de edad los camaristas Delio Vera Navarro, José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez, Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón.
De esta manera, solo quedan siete camaristas en el fuero penal para atender la emergencia, que son Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander, Gustavo Ocampos, José Agustín Fernández, Bibiana Benítez, Agustín Lovera Cañete y Arnulfo Arias.
Además, está comprendida la jueza Penal de la Adolescencia, María Teresa Franco, quien debía cumplir funciones entre el 20 y el 26 de marzo, durante la emergencia sanitaria.
Opinión
Hay unos 213 adultos mayores encarcelados
“Tenemos enfermos de tuberculosis, gente que tiene VIH y otras que están en situación de riesgo, como mujeres embarazadas y en situación de lactancia. Solamente adultos mayores hay 213, pero pueden ser más; estamos relevando los datos. No se puede saber a cuánta gente afectaría, porque estamos pidiendo los datos penal por penal. La revisión de medidas cautelares se puede hacer sin la presencia de los imputados y esto, si se les concede las medidas, ayudará a descomprimir las penitenciarías”. Cecilia Pérez, ministra de Justicia.
Anciano enfermo no puede ser liberado
La jueza de Ejecución de Central, Silvana Luraghi, hasta ahora no resolvió el pedido de prisión domiciliaria de carácter urgente de un recluso de 76 años que tiene graves afecciones de salud. El mismo está condenado a 15 años de encierro, de los que ya cumplió 10. El pedido de prisión domiciliaria fue hecho por la defensora pública de Central, Cinthia Fabiana Fleitas Ibarra, a favor de Rafael Colmán Villasanti, quien fue condenado a la pena de 15 años de encierro por sentencia del 23 de marzo del 2015, por el Tribunal de Sentencia de Central.
Según la defensora pública, el mismo tiene graves afecciones de salud y es una de las personas vulnerables a la pandemia declarada del Covid-19.
El pedido fue realizado el pasado 16 de marzo, y hasta la fecha, según la defensora pública, no se dio trámite al pedido, pese a la situación de emergencia sanitaria.
