Los concejales de la ciudad de Lambaré presentaron a inicios de noviembre al Ministerio del Interior el pedido de intervención contra la administración del intendente liberal Armando Gómez.
Esos documentos pasaron posteriormente a la Presidencia de la República y ahora, el titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, remitió los antecedentes a la Cámara de Diputados, institución que tiene la facultad de aceptar o rechazar dicha solicitud.
Los ediles denunciaron irregularidades dentro del municipio y hacen referencia a la falta de pago de haberes a funcionarios, desde el mes de julio, y la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal.
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“El modus operandi del intendente es siempre el mismo. Descuenta del salario de los funcionarios el aporte para la caja de jubilaciones, pero no deposita. Entonces es como que los personales no aportan”, señaló en su momento el concejal Luis Paciello.
Los concejales agregaron que la Intendencia no cumple con lo establecido en la Constitución Nacional, en la que se contempla que los municipios se quedarán con el 70% del impuesto inmobiliario y el 30% se distribuirá entre el Ministerio de Hacienda, Gobernación y otros.
Por esa razón, la Junta Municipal de Lambaré aprobó el pedido de intervención en una sesión extraordinaria que se realizó en una sede policial, ya que no pudieron ingresar a la sede municipal a causa de la presencia de los adherentes del jefe comunal.
Este es el segundo pedido de intervención contra Gómez por supuestas irregularidades. El primero, en el 2017, fue rechazado por la Cámara Baja.
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Tras la aprobación del pedido de intervención, el intendente de Lambaré, Armando Gómez, alegó que no hay motivos para intervenir su gestión. Argumentó que cuentan con todas las documentaciones para refutar las supuestas irregularidades que afectan a su administración.
Mencionó que el pedido de intervención tiene que ver con una maniobra política, ya que, supuestamente, algunos concejales lo quieren sacar con acusaciones falsas, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales.
Gómez ya fue procesado en su momento por la construcción de un puente, que generó supuestamente un perjuicio de G. 600 millones a la Comuna. La denuncia por el caso había sido realizada en 2016.
