La decisión es el resultado de una dura puja por el poder en el Municipio lambareño por parte de sectores políticos, que ha llevado a fuertes enfrentamientos entre una mayoría de la Junta Municipal y el intendente, con situaciones extremas, como que por ejemplo la mayoría de los miembros de la Junta Municipal haya debido sesionar en una plaza, ante los ataques de una turba, para decidir pedir la intervención, pero también es innegable que existen diversas irregularidades en la gestión de Gómez.
En un informe especial publicado ayer por este diario se pudo demostrar cómo la administración de Armando Gómez adjudicó un total de 3.287.021.000 guaraníes a la firma Caldetec Ingeniería para un paquete de obras viales en diversos tramos de la ciudad. Sin embargo, en varias calles intervenidas no figura un solo metro cuadrado de badenes o cunetas como se describe en los documentos. Es una de las muchas irregularidades detectadas en la gestión, que deben ser investigadas y transparentadas por la intervención.
Más que favorecer a un sector político y perjudicar a otro, la revisión de lo que sucede en el municipio lambareño debe llevar a corregir toda una viciada manera de hacer política y abrir un proceso de mayor transparencia y participación ciudadana, que pueda posicionar a nuevos y mejores líderes.
La experiencia de la gestión municipal en Lambaré hasta ahora no ha sido de las mejores. Vale recordar que en la anterior elección, los dos cadidatos que pugnaron tenían por igual oscuros antecedentes, al estar imputados por la Fiscalía.
En el caso del anterior intendente, Roberto Cárdenas, quien era candidato a la reelección por el Partido Colorado, había sido imputado por lesión de confianza tras el derrumbe de una sala de clases en el Colegio Nacional de Lambaré. En el año 2012, durante su administración como intendente, fueron autorizados 266 millones de guaraníes provenientes de los recursos de Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo). Finalmente fue imputado en tres causas distintas: el caso royalties, el caso del derrumbe de una de las aulas y el caso de la merienda escolar del Fonacide.
Armando Gómez, candidato del PLRA, había sido imputado junto con su ex esposa por un caso de estafa y producción de documentos falsos contra la empresaria ganadera Marys Llorens. Al no existir condena, pudo competir y ganar las elecciones.
La intervención debe llevar a que exista un mayor control de las instituciones del Estado y principalmente a una participación más decidida de la ciudadanía para que, al igual que lo ocurrido en Ciudad del Este, el proceso permita castigar las irregularidades y hacer posible un mejor gobierno municipal.