Ciudadanos de Concepción juntaron 1.000 firmas y presentaron al Ministerio del Interior el pedido de intervención de la administración municipal de la capital del primer departamento, dirigida por el intendente liberal Alejandro Urbieta, quien es investigado por lesión de confianza y apropiación, y estuvo con arresto domiciliario hasta la víspera, día en que se levantó la medida.
El pedido llega luego de más de 20 días de manifestaciones que exigen transparencia en el manejo de los fondos públicos, a lo que el intendente responde con intentos de amedrentamiento y uso de la fuerza pública.
Hoy vence el plazo de 48 horas que los indignados pusieron a la presidenta de la Junta Municipal, Sisinia Silva, para convocar a una sesión extraordinaria y tratar el pedido de intervención.
El martes, los representantes de los indignados presentaron documentos a los concejales sobre las supuestas graves irregularidades.
Por otro lado, Germán Rojas, uno de los manifestantes, lamentó que el pedido de auditoría realizado por la Junta la semana pasada todavía no llegó al contralor general, Enrique García.
