El Gobierno electo tendrá la misión de implementar sus propuestas en función a los recursos y la capacidad instalada que reciba, con los cuales tendrá que responder a las postergadas demandas de mejores condiciones de vida de la ciudadanía. Por lo tanto, es importante hacer un inventario del estado de situación para definir lo deseable, lo posible y el esfuerzo necesario.
Veamos la situación macroeconómica del país, muy importante porque una economía ordenada genera predictibilidad y confianza, factores que impulsan la inversión local y extranjera, los cuales dinamizan la economía con oportunidades de empleo e ingresos, las demandas principales de la población. En este sentido, lo más relevante es la política fiscal de convergencia para reducir el déficit de las cuentas públicas al tope del 1,5% del PIB fijado en la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal en el año 2024, luego de excederlo estos últimos 5 años. El impacto de estos años de excepciones ha sido sustancial: La deuda pública se duplicó pasando de USD 7.400 millones (18% del PIB) a fines del 2018 a USD 14.700 millones (el 35% del PIB) en febrero último, alcanzando umbrales riesgosos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Adicionalmente, hay una deuda flotante con proveedores de obras y de salud, cuyos montos deben ser precisados por el Tesoro y regularizados antes del traspaso de mando. La transparencia y la disciplina fiscal son fundamentales para mantener la confianza y alcanzar el grado de inversión en la calificación de riesgo país, algo posible a mediano plazo si a esto sumamos mejoras importantes en la administración de justicia, la institucionalidad y la seguridad jurídica.
En cuanto a los servicios públicos que presta el Estado a la ciudadanía, todos tienen una pésima calidad. Por citar los principales: En la salud pública, se traslapan el servicio gratuito del Ministerio de Salud con el seguro del IPS, ambos con pésimos servicios; desfinanciados, el primero por escasez de recursos del Tesoro y el segundo por una gran evasión en los aportes; con deudas crecientes con proveedores que pueden llevar a un colapso en los servicios por falta de insumos y medicamentos. En la educación pública, los resultados en términos de aprendizaje son bajísimos, según evaluaciones del propio MEC; la infraestructura es lamentable; los maestros tienen poca preparación, la mayoría de ellos carecen incluso del perfil requerido, pero sus remuneraciones son cada vez más altas. El programa de jubilaciones del sector público tiene un déficit alto y creciente, además de grandes inequidades y privilegios; el del sector privado a través del IPS presenta una enorme evasión, con una cobertura que apenas llega al 20% de los trabajadores. En conclusión, todos los servicios tienen grandes deficiencias estructurales, las cuales no se resuelven solamente con más recursos, que tampoco existen. Estas deficiencias son resultado de la corrupción, del clientelismo, del nepotismo, del prebendarismo, etc., modelo de gestión que ha imperado por décadas en la mayor parte de la administración pública y que impiden la aplicación de criterios de administración eficientes, meritocráticos y racionales; enfocados en prestar servicios de la mejor calidad al menor costo posible para la ciudadanía y los contribuyentes.
El inventario es escaso en recursos y abundante en problemas, ineficiencias y privilegios. La realidad de las finanzas públicas impone limitaciones al gasto público y es necesario mantener una política económica ordenada para dinamizar la inversión y el empleo. La mala administración de recursos, resultado de la corrupción y el prebendarismo, socavan la confianza en el Estado e imposibilitan cualquier intención de requerir más impuestos a los contribuyentes, necesarios para mejorar sustancialmente la calidad de los servicios. Este es un círculo vicioso, que para romper, requiere cambiar el modelo de gestión. Menuda tarea le toca al gobierno electo. Ojalá comprenda y lo haga, por el bien de todos.
