El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) concluyó una investigación sobre la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el Norte del país, declarado en estado de excepción desde hace 8 años, y el costo que ha significado para el Estado. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó una ampliación de otros USD 15 millones más.
La FTC, compuesta por recursos humanos y logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de la Senad, es financiada con recursos provenientes del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN). Los recursos públicos que utiliza son del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para el caso de las Fuerzas Armadas, y del Ministerio del Interior (MI) para el caso de la Policía Nacional.
La creación de la FTC fue aprobada en agosto de 2013, estando en ejecución el presupuesto general de ese año. Desde ese momento, y hasta 2017, no existió un programa presupuestario específico en el MDN y el MI para la FTC, sino que los recursos destinados a esta fuerza estaban dispersos en diferentes programas de ambos ministerios, lo que hacía muy difícil poder identificarlos y cuantificarlos, según dio a conocer el estudio realizado.
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El análisis realizado señaló que recién desde el año 2018 se crea un presupuesto específico para la FTC. Sin embargo, estos programas específicos para la FTC no contemplan las remuneraciones del personal asignado, como sueldos, exposición al peligro, subsidio a la salud, etc., que están dispersos en otros programas; solo incluye el rubro 137 de la bonificación especial para miembros de la FTC, beneficio creado específicamente para esta fuerza en la Ley N° 5349/14.
La investigación expuso dentro del presupuesto correspondiente a los militares de la FTC, la bonificación especial (rubro 137), más los gastos logísticos de alimentación, combustibles y lubricantes, equipos militares y armamentos y gastos reservados presupuestados.
Lo que cuesta la FTC
Entre los años 2013 y 2017, se estima que fueron invertidos unos G. 154.093 millones (unos USD 24 millones) tomando como referencia un tipo de cambio de G. 6.500 por dólar. En 2018, el monto alcanzó G. 63.894 millones (USD 10 millones); en 2019, G. 55.119 millones (USD 8,5 millones); mientras que en 2020, G. 50.733 millones (USD 8 millones). Los gastos militares totalizan aproximadamente USD 50 millones en los siete años, aún sin incluir las remuneraciones del personal.
El presupuesto de las FFAA en gastos generales, más la bonificación especial, sumó, entre 2013 y 2020, G. 323.839 millones (USD 50 millones), mientras que en remuneraciones al personal asignado llegó a G. 282.168 millones (USD 43 millones), totalizando entre ambos unos USD 93 millones.
Por su parte, el gasto en el sector policial fue de G. 56.745 millones (USD 9 millones) en gastos generales y bonificación especial, a lo que se suman las remuneraciones al personal por G. 168.388 millones (USD 26 millones), datos que no incluyen el periodo 2013-2016. Esto suma unos USD 35 millones más invertidos en la FTC.
Considerando el total, englobando el gasto militar y policial, se obtiene a un presupuesto global invertido en la FTC de G. 831.140 millones, casi US$ 130 millones.
El Norte en estado de excepción permanente
Lo que se creó como una situación especial, el estado de excepción, en el Norte del país lleva instalado por 8 año, desde el Gobierno del presidente Horacio Cartes.
La FTC fue cuestionada desde su origen por ser considerada una fuerza inconstitucional ya que los militares cumplen con funciones internas de control de la población cuando su misión constitucional es de defensa nacional.
Al respecto, el investigador Luis Rojas señaló que el estado de excepción se volvió permanente con “militares que arrestan, con atribuciones excepcionales que no corresponden a un estado democrático sino más bien a una época de dictadura”, comentó.
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Los principales cuestionamientos se dan en torno a las pobres resultados y lo que se podría hacer con esos recursos destinados a otras instituciones que pudieran beneficiar a esa zona del país.
Para conocer en detalle, Rojas no solo hizo una revisión de documento, sino también de consulta y entrevistas colectivas en seis comunidades: Guayaibí, Lima, Santa Rosa del Aguaray, Horqueta, Yby Yaú y Arroyito. También fueron entrevistados gente de la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas.
“Es un monto significativo, ya que el Estado paraguayo no tiene montos para cubrir de manera adecuada lo que es la salud pública, la educación pública, agricultura, ni siquiera el gobierno local. En ese contexto es que se cuestiona la inversión que se le da a la FTC”, señaló el Rojas.
Aumento de la inseguridad y falta de inversión en servicios sociales
Según el investigador, otro elemento que se revela con el análisis es el aumento que se le dio a salud, educación y gobernaciones a municipios de San Pedro y Concepción, pero que en las consultas a las comunidades, en todos los casos, solo se notan las críticas y las carencias.
“O sea la gente no percibe que haya aumento, que haya presupuesto en educación en salud. Hay montón de testimonios que cuentan la falta de medicamento, de personales, de médicos, en educación de infraestructura, de servicio, muchas críticas al Ministerio de Agricultura, a las gobernaciones y municipios prácticamente no se los siente, es como si fuera que no existen, a pesar de tener recursos, eso nos habla de corrupción, de que no hay una asignación de los recursos a favor de la gente”, indicó.
Dijo que no solo hay una mala gestión pública en la política social, en la política económica y laboral sino también en la política de seguridad.
“A pesar de que en la política de seguridad esté la FTC tampoco se habla de seguridad ya que los pobladores denuncian que existe un aumento de inseguridad y abuso de la fuerzas públicas, entre ellas, detenciones arbitrarias, se le pide dinero a la gente para transitar en cierto horarios y lugares, hay allanamiento irregulares de viviendas”
Agregó que dentro de su investigación escuchó muchas quejas y mucho miedo por parte de los pobladores de que se les acuse de “ser del grupo guerrillero EPP, de ser apoyo logístico, que se les dispare y después se les ponga un uniforme de guerrillero”.
“La FTC no les da garantías, las organizaciones campesinas no pueden exigir, no pueden manifestarse. Más bien la FTC lo que hace es amedrentar a la población, desmovilizar y debilitar las organizaciones sociales de campesinos”, indicó.
