La mujer que presuntamente explotaba sexualmente a una adolescente de 14 años, en una localidad del Departamento de Caaguazú, se presentó este jueves en la Fiscalía a prestar declaración. También fueron cinco vecinos, quienes testificaron a su favor, informó el periodista de Última Hora Robert Figueredo.
La misma dejó su celular a disposición de los investigadores para que sea inspeccionado. La ciudadana está libre, porque no hay elementos que le incriminen con el hecho investigado, según dijo la fiscala Lourdes Soto, de Coronel Oviedo.
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El padre de la niña había sido detenido este miércoles, pero finalmente este jueves la Fiscalía dispuso su libertad y regresó a su vivienda. El hombre fue imputado por el delito de falta del deber de cuidado.
Momentáneamente, la víctima de presunta explotación sexual y su hermana están bajo su cuidado. Hay un proceso en el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia para determinar una casa de resguardo en donde serán llevadas.
El caso
La denuncia anónima recibida en una comisaría del Departamento de Caaguazú, sobre un caso de aborto en una adolescente de 14 años, condujo a la Fiscalía a ordenar la detención y la imputación de su padre por el delito de falta del deber de cuidado.
Según datos recabados por la Fiscalía, el pasado 12 de agosto la adolescente sintió un fuerte dolor abdominal que derivó en la expulsión del feto. El padre y la vecina habían asistido a la joven y luego enterraron el cuerpo frente a la casa familiar.
Con la denuncia anónima del hecho, la fiscala Lourdes Soto, en compañía del médico forense Jorge Ríos, allanaron la casa ubicada en una zona rural del Departamento de Caaguazú, en donde fue localizado el feto. En su informe el profesional médico señaló que el feto tendría entre 34 y 36 semanas de gestación.
La fiscala pudo obtener declaraciones sobre la presunta explotación sexual de la adolescente y de su hermana por parte de una vecina.
El nombre de la adolescente, de su hermana y de su padre se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.