La ex diputada Cynthia Tarragó y su marido, Raymond Va, quedaron detenidos en Estados Unidos al ser acusados por participar en una conspiración internacional de lavado de dinero. Ambos habrían aceptado la suma de USD 2 millones de dos agentes encubiertos del FBI.
Por su parte, el cambista Dario Messer es acusado de lavar USD 1.652 millones en el Brasil y USD 100 millones en Paraguay. El mismo es sospechoso de ser uno de los cabecillas del esquema desmontado por el operativo Lava Jato en el vecino país.
Al respecto, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, explicó este jueves que se encuentran investigando a todas las entidades financieras que movieron capital en ambos casos.
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Además, indicó que con los datos de la investigación que iniciaron desde el Brasil, en el caso Messer, y en Estados Unidos, con relación a Tarragó, están realizando el trabajo para determinar si las entidades reportaron o no el movimiento de dinero.
“El análisis de inteligencia luego es remitido al Ministerio Público”, indicó en contacto con Monumental 1080 AM.
En otro momento de la entrevista, explicó que desde la Seprelad la información es clasificada en tres categorías, que son de alto riesgo, medio y bajo.
Arregui dijo que por día reciben al menos 150 reportes de transacciones sospechosas. Por último, manifestó que desde la institución a su cargo “todavía hay muchas cosas que hacer, pero que se está trabajando ordenadamente”.
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Más de caso Messer
La Fiscalía de Brasil sostiene que Dario Messer recibió supuestamente USD 500.000 del ex presidente Horacio Cartes, mientras se encontraba prófugo de la Justicia paraguaya.
Para el Brasil, Cartes es considerado cómplice de Messer. El ex jefe de Estado habría ayudado al cambista a escapar y esconder sus bienes. Ahora, es requerido por la Justicia del vecino país y cuenta con una orden de prisión preventiva.
Tarragó, detenida en Estados Unidos
La investigación contra Cynthia Tarragó y Raymond Va comenzó en marzo del 2018 y terminó este noviembre. Según la investigación de las autoridades norteamericanas, la ex diputada supuestamente integra un grupo criminal que se dedica a lavar activos provenientes del narcotráfico.
La legislación de dicho país determina una pena máxima de 20 años de prisión por lavado de dinero y una multa de USD 500.000 o el doble del monto involucrado en los ilícitos.