El ministro Manuel Ramírez Candia expuso los motivos por los cuales considera que se debe iniciar la investigación preliminar: “Gravedad, notoriedad e interés público”.
Sostuvo que existen varias razones, como que se trata del dinero público que se debería destinar a la atención a la salud, y también está el monto, “cuánto daño que se le atribuye a la administración del IPS”, dijo.
Ante la propuesta, se adhirieron todos los demás miembros, la presidenta Alicia Pucheta, el vicepresidente Enrique Berni, el ministro César Garay y los senadores Derlis Maidana y Mario Varela.
Los fiscales que serán investigados son Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, todos de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
EL PRESUNTO DAÑO. La emblemática causa que temen que vaya camino al operai se inició con la denuncia de la entonces senadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez, quienes no solamente apuntaron a Bataglia como responsable, sino que incluyeron a los consejeros de la previsional: Roberto Brítez, Gustavo Arias, Ludia Silvera, Miguel Doldán, Ricardo Oviedo.
Por su parte, la Contraloría General de la República acercó reportes en los que mencionan varias observaciones.
Transcurrido un año de investigación, los fiscales concluyeron que los informes presentados, en realidad, no constituían hecho punible y terminaron solicitando en octubre del 2024 la desestimación de la denuncia.
El juez Humberto Otazú, por su parte, se negó a archivar la causa y dio un trámite de oposición para que sea el fiscal general o un fiscal superior el que ratifique o rectifique el pedido de los fiscales.
Esto fue recibido por la fiscala adjunta Soledad Machuca, quien insistió en el pedido de desestimación.
¿IRREGULARIDADES? Según las denuncias, existe una supuesta diferencia entre los montos aprobados para la línea de crédito; sin embargo, los fiscales detallaron que se determinó que “quedó subsanada la discrepancia”, ya que hay dos pagarés, uno anulado y uno vigente, “que respaldan el préstamo otorgado por el Banco Interfisa al Instituto de Previsión Social (IPS)”.
Afirmó Machuca que si bien “en un primer momento el presidente del IPS, Vicente Bataglia, firmó un pagaré por una suma superior a la aprobada, esta situación fue subsanada en agosto del 2023, quedando anulado el pagaré por valor de G. 65.379 millones.
Se hizo supuestamente un nuevo pagaré por el monto real del crédito, que era de G. 50.000 millones.
Según el reporte de Contraloría, también, decía que los recursos obtenidos por el IPS a través de las líneas de crédito bancarias, por G. 425.000 millones no fueron presupuestados en el ejercicio fiscal 2022, pero la Fiscalía apuntó a que “las operaciones han sido registradas y reconocidas totalmente a nivel contable”.
Desde octubre del 2024, jubilados, asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), ex autoridades y activistas sociales realizaron movilizaciones en contra del “blanqueo” a Vicente Bataglia. En una de las manifestaciones, llegaron hasta la propia Fiscalía General donde lanzaron al aire globos lilas y negros, con el grito de “justicia en nuestro país”. Según Eduardo Aguayo, representante de los asegurados del IPS, existe un pacto de impunidad y que a Bataglia no se le procesa para que no hable.
