El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) –hasta el momento- solo aprobó el trámite para la presentación de una denuncia penal contra personas innominadas, en este caso contra los 14 que presentaron los documentos falsos para acceder a un cargo en la previsional. Sin embargo, el funcionario Julio César González, supuestamente implicado en la red de falsificación de certificados de discapacidad, sigue en su puesto y sin sumario determinado.
“Lo que te puedo decir es que el Consejo de Administración autorizó la presentación de una denuncia penal poniendo a conocimiento todos los antecedentes del caso. La denuncia se está presentando esta semana apenas se tengan copias autenticadas de todos los antecedentes”, explicó por mensaje de texto el abogado Víctor Hugo Thomas, director jurídico del IPS.
Pese a las denuncias presentadas en la Fiscalía de la ciudad de Villarrica y en la Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), el funcionario con categoría permanente está bajo la lupa del IPS, pero solo bajo el argumento de “presunción de inocencia”. Mientras, las desvinculaciones de los denunciantes fueron inmediatas.
La pesquisa es a nivel interno de Asesoría Jurídica del IPS para la recopilación de los documentos correspondientes, que podría derivar en un sumario. La Asesoría Jurídica “sigue recabando información para una eventual apertura de sumario”, comunicó por mensaje Aníbal Emery, del Departamento de Prensa de la previsional.
A tres semanas de la oficialización de los casos de certificados falsos que salpicaron a 14 funcionarios que ya fueron desvinculados, Julio César González sigue en su cargo de directivo en la Dirección de Planificación del IPS.
Julio César González es presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad del Paraguay (Asonadis) y tiene una antigüedad de 14 años como funcionario de la previsional, con un sueldo neto de G. 8.870.000, según datos del seguro social.
A Julio González no le salpican las acusaciones porque supuestamente tiene vínculos con altos directivos del IPS, por ello sigue “impune” en el cargo, afirman desde la cuenta de Twitter Noticias IPS, que filtró los documentos sobre el caso.
La desvinculación, en la primera etapa, alcanzó a seis funcionarios –nombrados y contratados– del Hospital de Villarrica, acusados de presentar los documentos falsos y que accedieron al cupo, amparados en la ley que establece la obligatoriedad de que el 5% del plantel en una institución pública sean de este grupo. A este primer grupo se sumaron otras 8 personas, que también ya fueron destituidas.
SIN SUMARIO. A Julio González no le afectaron las acusaciones. Tres ex funcionarios del Hospital de Villarrica denunciaron a González en la Fiscalía de Villarrica, otros lo hicieron en Senadis, alegando que fueron estafados en su buena fe y aseguran que sufren de alguna discapacidad.
Las personas relataron que pagaron entre G. 2.500.000 a G. 7.000.000 por el trámite del documento. Algunos alegan que padecen discapacidad y piden un reconsideración de sus casos.
El abogado Cristian Fox, director de Gestión y Desarrollo de Talento Humano del IPS, alegó que no pueden tomar cartas en el asunto sin antes tener un dictamen jurídico. “Él es funcionario permanente del IPS. Tenemos supuestos, que le están denunciando, también por la presunción de inocencia no podemos tomar la medida de desvincularle automáticamente. Él sigue en el cargo, todavía no se le ha apartado atendiendo a que no tenemos un dictamen jurídico”, refirió.
Según los relatos, Julio González, de Asonadis, cuando viajaba al interior se acercaba a las personas con discapacidad para ofrecerles un cupo laboral amparado en la ley, por lo que solicitaba solo un certificado médico para luego enviar el documento falso que “acreditaba” la discapacidad de la persona. Cobraba montos millonarios por el trámite, según las denuncias.
Por la presunción de inocencia no podemos tomar la medida de desvincularle automáticamente. Cristian Fox, de Talento Humano IPS.
14 personas ya fueron desvinculadas del IPS acusadas de presentar los certificados falsos de discapacidad.
2.500.000 guaraníes es el precio que supuestamente cobraba la red que falsificaba los documentos de Senadis.
8.870.000 es el salario neto que cobra Julio González en su cargo de directivo en la Dirección de Planificación del IPS.
Sitradis alega que falsificaciones afectan la imagen del sector
Sixto Frutos, titular del Sindicato de Trabajadores con Discapacidad de Senadis (Sitradis), dijo que las falsificaciones afectan la imagen del sector y que realmente, deja de lado a las personas que necesitan acceder al cupo laboral establecido por la ley.
“Es indignante y vergonzoso y perjudica a las personas que realmente necesitan. A las personas con discapacidad que tienen sus certificados y que no pueden acceder a un lugar de trabajo dentro de las instituciones públicas. La gente se aprovecha de la ley para comercializar”, lamentó el dirigente sindical.
Resaltó que es urgente que el IPS también tome medidas urgentes en el caso del funcionario acusado. “IPS hasta ahora no está haciendo nada. Eso es indignante”, lamentó.