La principal finalidad del Instituto de Previsión Social (IPS) es dar a sus asegurados asistencia en casos de enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en el caso del trabajador titular, la jubilación. Como una de las instituciones fundamentales en el país, es inaceptable que se permita la impunidad en los casos de denuncias de malos manejos y falta de transparencia. Ciertamente, el IPS requiere de reformas, pero se debe asegurar que estas sean para preservar la institución y, sobre todo, asegurar mejores servicios.
No caben dudas de que el país y la población mucho han cambiado en estas ocho décadas, pero lo que no ha cambiado es la necesidad y demanda de los asegurados. Ciertamente, el IPS requiere cambios para adaptarse a nuevas realidades, pero el sistema de salud pública también debe cambiar. Es funesta la visión de que el IPS es la caja chica de los politiqueros, que por años ha logrado contaminar las gestiones y debilitar la eficiencia.
Ahora, de ver a la entidad como una caja chica disponible para el Gobierno de turno y sus amigos, se está considerando un proyecto de ley que contempla que, con aporte del IPS y de los seguros privados, se establezca un sistema de aportes obligatorios para asegurar el financiamiento del Instituto Nacional del Cáncer (Incán).
En este punto se debe dejar claro que, independientemente de que el Instituto de Previsión Social necesite reformas, es inaceptable que su estructura y sus recursos sean utilizados de manera arbitraria para resolver los errores de las instituciones del Estado paraguayo, tampoco se puede permitir que por desatinos de nuestras autoridades la población deba ser castigada.
El proyecto de ley que está actualmente siendo discutido en una mesa técnica propone que el IPS aporte USD 5 por cada asegurado, cuyo monto se obtenga del Fondo de Salud y que los seguros médicos privados aporten USD 5 por cada asegurado básico y USD 10 por cada asegurado prémium para destinar al presupuesto del Ministerio de Salud Pública, en este caso, para el financiamiento de medicamentos para el Instituto Nacional del Cáncer (Incán). Recordemos que hace unos meses el Gobierno emprendió su cruzada contra la Ley del Fonacide para sancionar la Ley Hambre Cero, que, entre otros importantes rubros, dejó desfinanciado al Incán.
Otro aspecto que debe ser bien debatido respecto al proyecto es el que señaló la doctora Laura Cantero, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Oncología, quien apuntó una realidad imposible de ignorar y es la sobrecarga para las personas trabajadoras, pues hay quienes aportan al IPS, al sector privado, y con el pago de impuestos se financia el presupuesto de salud pública. Sin duda, se deben buscar otros mecanismos.
Es una buena circunstancia para preguntarse por qué el IPS debe ser usado por los seccionaleros y ahora también para apagar incendios de los pésimos administradores del Estado. Se debe tener siempre en cuenta que el Estado paraguayo ya tiene una astronómica deuda impaga con el Instituto de Previsión Social, la que asciende a unos USD 1.125 millones, de la cual USD 500 millones corresponden a la deuda histórica del Estado, USD 70 millones a servicios prestados a no asegurados durante la pandemia del Covid-19, y USD 555 millones por parte de las empresas privadas en mora.
Para que la institución pueda seguir siendo ese fundamental recurso al cual acuden los trabajadores y sus familias, requiere de los mejores administradores, necesita tener gestiones transparentes y una decidida lucha contra la corrupción. Los malos manejos, la deficiente administración de los recursos y la corruptela afectan los servicios a los asegurados, afectan la salud y la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras.
