Tras quedar firme la competencia de la jueza Civil, Lizza Reyes, representantes del Instituto de Previsión Social (IPS) solicitaron que le den más tiempo para poder digitalizar los documentos de los proveedores requeridos por la Contraloría General de la República (CGR).
Esto, en el pedido de medida cautelar de urgencia que había sido planteado por la Contraloría en contra de la previsional, para que por orden judicial les entregaran los papeles de los proveedores para realizar una auditoría.
Además, los abogados de la previsional también desistieron de un pedido de aclaratoria de la resolución del juez anterior, José Guillermo Trovato, por la cual les había intimado a presentar los documentos al Juzgado.
La magistrada del fuero Civil no fue recusada por las partes, por lo que ahora tiene competencia para juzgar la causa. Es así que le corrió traslado a la Contraloría sobre el pedido hecho por los representantes del IPS.
Según la previsional, hará la digitalización de todos los documentos para luego remitirlos a la Contraloría, por lo que pide el tiempo necesario para realizar este proceso.
Ahora, la Contraloría deberá contestar si corresponde o no concederle el plazo para la digitalización de documentos, ya que el pedido inicial data del 15 de noviembre de 2022, por lo que tuvieron casi tres meses.
Con esta solicitud, prácticamente la previsional pide lo mismo que ya había solicitado a la Contraloría. Es que le habían requerido los documentos desde el 15 de noviembre y se peticionó prórroga, que le fue concedida. Después, de nuevo quiso más tiempo, pero no cumplió.
Ahora, tras ser intimado por el juez, entregó documentos originales, según los abogados, con lo que no podrían pagar a los proveedores porque los originales se encontraban en el Juzgado.
CONTRALOR. Sin embargo, ayer se dio la respuesta del contralor Camilo Benítez que señaló que era “ridículo” que las “camionadas” de documentaciones remitidas por el IPS sobre las deudas a los proveedores, pudieran afectar el pago a los mismos.
Según explicó a Radio Monumental, la documentación fue solicitada justamente en formato digital y no en formato de papel original. Incluso, señaló que el hecho de que no tuvieran digitalizada denotaba una mala administración.
“El IPS corta los pagos a proveedores y dicen que es nuestra culpa en caso de que falten insumos”, dijo el contralor Benítez. Evidentemente, existe un enfrentamiento entre ambas instituciones, a raíz del control que quiere realizar sobre los pagos.
