“La República Islámica de Irán considera innecesaria y una violación de la soberanía nacional la formación de cualquier mecanismo para examinar los hechos de los dos últimos meses en Irán y no reconoce la misión establecida para ello”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó ayer, jueves, la creación de una misión independiente de investigación que tendrá como objetivo “recoger y analizar evidencias” de violaciones de los derechos humanos en la represión que ha causado ya más de 300 muertos —entre ellos 40 niños— y cerca de 15.000 detenidos.
La resolución que incluye este nuevo mecanismo de investigación se aprobó con 25 votos a favor, 16 abstenciones y seis en contra, entre estos últimos el de China, que intentó previamente sin éxito que se retirara de la resolución el texto que aludía a la creación de la misión investigadora.
Irán condenó y rechazó la resolución “impuesta por algunos países occidentales al Consejo de Derechos Humanos de la ONU” y defendió su actuación ante las movilizaciones que piden el fin de la República Islámica.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Las fuerzas de seguridad iraníes han tratado a los alborotadores con la máxima moderación y docenas de policías y efectivos de seguridad han muerto y miles de personas han resultado heridas”, indicó la cartera de Exteriores.
Además, subrayó que las autoridades del país persa han mostrado “el máximo apaciguamiento y bondad humana a los arrestados y especialmente la máxima tolerancia a las mujeres”.
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Irán señaló directamente a Alemania, uno de los principales promotores de la resolución, a quien acusó de cometer “un error histórico” movido por “objetivos políticos” y “noticias falsas”.
“Esta manera de actuar no solo no promueve los derechos humanos, además los convierte en víctima de cierto grupo de países”, aseguró.
Las protestas comenzaron con la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
Las autoridades han respondido con una fuerte represión policial a las protestas, en las que han muerto al menos 342 personas, según la oenegé Iran Human Rights, con sede en Oslo.
Además, más de 15.000 personas han sido detenidas en las movilizaciones, de las que al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en ellas.
Hasta ahora, seis de los acusados han sido condenados a muerte.
El Gobierno iraní ha acusado a Estados Unidos, Israel y a países europeos de tratar de provocar una guerra civil para “desintegrar” el país persa con las protestas.
Teherán también ha señalado a países europeos como Alemania, cuya embajada es el supuesto centro de la conspiración, según algunos medios iraníes, y Francia, que supuestamente ha enviado espías para fomentar las movilizaciones.
