A través de una medida judicial, la Itaipú Binacional busca evitar que la Contraloría General de la República realice una auditoría sobre la utilización de los fondos sociales de la hidroeléctrica.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada este martes ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados Iris Magnolia Mendoza y Óscar Adolfo Bogado.
Uno de los pedidos de la hidroeléctrica es que la máxima instancia judicial disponga en carácter de urgencia la suspensión de la resolución del ente contralor, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Hace una semana, el juez Édgar Agustín Rivas derivó a la Corte una acción presentada por la Contraloría referente al mismo tema. El objetivo es que el Poder Judicial se expida respecto a si es o no constitucional que el organismo audite los fondos sociales de Itaipú.
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De acuerdo con la acción presentada por la Itaipú Binacional, la entidad contralora no tiene jurisdicción sobre las binacionales, alegando que la Constitución Nacional habla solo de “entidades multinacionales” y no alude a las “entidades binacionales”.
La Entidad Binacional Yacyretá, en contrapartida, hizo entrega de los documentos respaldatorios de los gastos sociales correspondientes al ejercicio 2019 a la Contraloría, pese a que en un primer momento también se rehusaron a hacerlo.
Fue la Cámara de Senadores la que pidió a la Contraloría auditar a las binacionales.
“Nosotros solo queremos ver cuánto se transfirió y se gastó. Esto tiene como precedente la ley sancionada por el Congreso, que obliga a las binacionales a destinar fondos para Salud”, afirmó en su momento el contralor general de la República, Camilo Benítez.
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Representantes de la oposición en el Congreso denuncian desde hace tiempo el uso irregular de los llamados fondos sociales de las entidades binacionales. Señalan que estos recursos son utilizados para fines políticos por el Gobierno de turno.
Recientemente, el Congreso aprobó una ley para que mientras dure la emergencia por el Covid-19 los fondos sociales de las binacionales puedan ser destinados al Ministerio de Salud.
Sin embargo, la reglamentación del Ejecutivo desvirtuó la intención de la ley.
Para comenzar con la auditoría, la CGR requiere de una serie de documentaciones, como la copia del presupuesto anual aprobado, destinado a la ejecución de los recursos a ser aplicados a gastos sociales del periodo 2019 al 2020, así también la copia de la norma que autoriza cada una de las transferencias de recursos sociales si hubiere, entre otros.
