COMISIÓN ASESORA. En agosto de 2019, a iniciativa del Gabinete Civil de la Presidencia, vía Cancillería, encabezada por el canciller Antonio Rivas Palacios, se había constituido una “Comisión Asesora para la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú” con la participación de profesionales de amplio espectro técnico, científico e ideológico. El 3 de noviembre de 2019 se había hecho resaltar, en la columna de esa fecha, una hipótesis de investigación: “Paraguay requerirá más fuentes de generación de energía ya en los próximos años, porque hay un riesgo de crisis energética de 2027 a 2034. El déficit de POTENCIA se producirá en el lapso 2027-2029 y el de ENERGÍA en 2032-2034. Nuevas fuentes (generación térmica o eólica, compra de países vecinos, etc.) se volverían imprescindibles. A la vez, ya a comienzos de la década del 2030 se agotarían todos los recursos hidroeléctricos, por lo que habría que planificar otros tipos de fuentes, en gran escala y con suficiente antelación, considerando el tiempo que requiere la incorporación de nuevas tecnologías”.
CONTROLES. Con referencia a ellos, con fecha 17 de diciembre de 2019, se abordaron principios y filosofía práctica ad hoc: Transparencia, contratación de empresas auditoras internacionales de prestigio mundial para el control de sus operaciones múltiples y el sometimiento de sus actos así como de sus actores y operadores a las instancias constitucionales de las Altas Partes Contratantes, tanto a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción como a los Tribunales de la Corte Suprema de Justicia. Todo eso va enmarcado en la observación de una estricta binacionalidad, en una mejor administración de sus recursos y en su aplicación de acuerdo con lo establecido en sus documentos oficiales. Se destacan como objetivos fundamentales competitividad así como eficacia y sus ejes estratégicos propugnan actualización tecnológica, eficiencia, diafanidad y austeridad brindando energía para el desarrollo sostenible.
MODUS OPERANDI. El 16 de febrero de 2020 se lo había descrito, quedando eso a cargo de la mencionada Comisión Asesora nombrada por la Cancillería. Sus integrantes e invitados especiales abordaron temas de relevancia para la revisión del Anexo C y eventualmente también de otros documentos oficiales de la IB. Fue su decisión tener en cuenta todos los aportes de la sociedad civil, en la medida en que hayan sido expuestos en el seno de esa Comisión y entregados por escrito. Tiempo después había cobrado preponderancia en los pasos a dar el Gabinete Civil de la Presidencia, liderado por el ministro Juan Ernesto Villamayor. Allí se constituyó un equipo de trabajo, en el que empezaron a trabajar profesionales interdisciplinarios de larga trayectoria, con vasta experiencia en energía hidroeléctrica.
EQUIPO NEGOCIADOR. A tal efecto, a fines de 2019 se había firmado un Decreto por el cual se constituyeron el Equipo Negociador Paraguayo y a comienzos de 2020 los Grupos de Trabajo, divididos en cuatro áreas claves para las negociaciones: Técnica, Comercial, Económica y Jurídica. Cada uno de esos Grupos de Trabajo estaban integrados por altas autoridades nacionales, con el nombramiento de un coordinador titular y de otro alterno, representando a la Cancillería, al entonces Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a la IB así como a otras instituciones del sector público, asistidos por expertos de las mismas, que abarcaron todas esas áreas de relevancia. Estos Grupos de Trabajo iniciaron sus actividades el 4 de febrero de 2020, ocasión en que fue aprobado un “Plan General de Actividades” y un respectivo ”Cronograma a cumplir”, previos a las negociaciones de referencia.
