Conrado Pappalardo, uno de los colaboradores más íntimos del dictador Alfredo Stroessner, había relatado a este diario los tejes y manejes que se dieron en el marco de la construcción de Itaipú. Más allá de las críticas que pueda recibir el ex director de Ceremonial del Estado, su versión de la historia es muy interesante, sobre todo cuando detalla la astucia con la que las autoridades brasileñas impulsaron el emprendimiento binacional.
Desde un primer momento los brasileños impusieron la prepotencia. Empezaron los estudios sobre los maravillosos Saltos del Guairá (hoy desaparecidos) y el potencial del río Paraná, sin avisar al Paraguay. Cuando vinieron las protestas de nuestro país, intentaron llevar la construcción de la central aguas arriba e Itaipú iba a tener solo el 80% del potencial que tiene hoy, pero ya sería totalmente suya. Por ende, cuando se define el emplazamiento final, Brasil asegura que Paraguay solo iba a necesitar el 20% de la producción en el futuro y que el 80% de toda la generación debía ser suya, relató Pappalardo.
Por supuesto, la negociación del Tratado y la omisión de lo dispuesto en el Acta de Foz de Yguazú de 1966 (se cambió derecho de preferencia por derecho de adquisición) fue tanto astucia brasileña como complicidad del gobierno paraguayo. Pese a que, en teoría, se consiguió acceder al 50% de la producción de Itaipú; la responsabilidad de que nos hayan dormido aquella vez y por varias décadas más para lograr merecidas reivindicaciones no es exclusividad vecina, sino también connivencia local. Muchos de nuestros representantes gozaron de los beneficios.
Que Itamaraty es una fortaleza para la política exterior brasileña no es ninguna novedad. Pero no son solo el Palacio diplomático de Brasil o el Gobierno de Jair Bolsonaro los que tienen una visión posesiva sobre Itaipú, y estas últimas semanas así lo demostraron. Apenas se intentó discutir el ítem 6 de la propuesta de la ANDE, para vender la energía paraguaya al mercado brasileño, hasta los políticos opositores al mandatario emitieron una línea proteccionista.
Gleisi Hoffmann, diputada del Estado de Paraná y presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), ratificó que Paraguay no puede comercializar la energía de Itaipú a otra empresa que no sea Eletrobras. Si se analiza puramente el Tratado, esa imposibilidad no existe. El artículo 13 indica que nuestro país puede consumir (comprar) lo que le corresponde. Lo que haga con ella (revender) no le debería competer a Eletrobras, en todo caso se le puede pagar un canon por usar sus líneas. Por si fuera poco, el artículo 14 claramente habilita a la ANDE a designar una empresa que la represente para retirar su energía, o también puede constituirse en Brasil para operar comercialmente.
Pero los brasileños, bastante astutos, promulgaron una ley por la que se obliga a Eletrobras a contratar toda la producción de la central.
la línea no cambia. Algunos sectores alaban a Lula Da Silva por las concesiones que nos dio su Gobierno; pero tampoco fue un altruista. Si bien aceptó incrementar el pago por cesión de energía de Itaipú a favor de Paraguay en el 2009, de 3 dólares el megavatio hora (MWh) a 9 dólares; también se negó a atender otras pretensiones, como la renegociación anticipada del Tratado, la revisión de la deuda de Itaipú (que ya se habría cancelado) y el ingreso total de la Contraloría a la hidroeléctrica para hacer auditorías.
La investigadora Christine Folch, quien viene siguiendo el caso Itaipú desde hace 10 años, comentó que, en los 90, los embajadores antiguos de Itamaraty dieron sus archivos a los diplomáticos jóvenes. Desde entonces se están preparando para la negociación del 2023 y tienen una definida política de Estado.
Por ende, Paraguay debe ponerse el traje de país serio, dejar de lado los intereses partidarios y mezquinos para encarar Itaipú como lo que es: una causa nacional y delicada. El vecino podrá tener sus estrategias, pero nosotros necesitamos una posición firme, inteligente y responsable.