La ley sancionada por el Congreso Nacional, que destina los recursos de “Responsabilidad Social Empresarial Socioambiental” y cualquier otro fondo social, para su uso íntegro en el área de la Salud mientras dure la pandemia del Covid-19, ”pone en riesgo numerosos programas sociales financiados por la Itaipú Binacional”, manifiesta por medio de un comunicado el nuevo director de la entidad, embajador Manuel María Cáceres, quien obtuvo el jueves el acuerdo del Senado para su designación.
“A veces se entiende que las obras o los programas solo se ejecutan en el área de influencia o el Alto Paraná; sin embargo, estos se extienden a todo el país y el impacto es amplio en departamentos como Canindeyú, San Pedro, Caazapá, Caaguazú, Central y parte del Chaco. Entonces, en este momento, hay como 150 millones de dólares en obras en ejecución, no con el presupuesto de este año, sino que son proyectos o programas plurianuales”, resalta.
Advierte que es un “impacto importante” y que habrá más de 3.000 trabajadores directamente afectados en esas obras si para todo.
Entre los proyectos o programas que podrían verse afectados en caso de que entre en vigencia la ley aprobada por el Parlamento, cita el Programa de Becas Itaipú-Becal, que tiene unos USD 8,5 millones asignados para este año, así como el apoyo a las comunidades con el programa Agricultura Familiar por USD 4,5 millones y el aporte al fortalecimiento del sistema eléctrico de la ANDE, que contempla USD 28 millones.
También menciona la filial de Teletón en Minga Guazú a la que Itaipú destina unos USD 900.000 para asistir a casi 400 niños y adolescentes, “los que tendrán que buscar otra fuente de financiamiento”.
Agrega las obras de provisión de agua y saneamiento a comunidades carenciadas en el interior, por unos USD 2 millones y el equipamiento de instituciones educativas y laboratorios de ciencias por otros USD 700.000.
“Hablamos de obras en ejecución y estimamos que pueden surgir demandas judiciales por alrededor de cinco millones de dólares por lo menos, en caso de parar todas ellas”. Itaipú no puede entregar dinero directamente y solo se podrían destinar fondos por medio de un convenio, aclara Cáceres. Las normas de la entidad no permiten entregar dinero en efectivo, “nunca se ha hecho”, insiste. En definitiva, dice que la ley afectará a un listado importante de programas y obras de carácter social.
150
millones de dólares en obras en ejecución están en juego. Son proyectos o programas plurianuales.
3.000
trabajadores directamente afectados en obras habrá si se para todo. No es un tema menor, dice Cáceres.
“No permiten las normas de Itaipú entregar dinero en efectivo, nunca se ha hecho. En eso tenemos que ser muy claros”.