Esta licitación es cuestionada desde diversos sectores, uno de ellos es el mismo Congreso Nacional, donde seis senadores y dos diputados presentaron denuncia penal contra la adjudicación el pasado 17 de marzo debido a un presunto direccionamiento en favor de la empresa ganadora.
FLEXIBILIDAD. Entre los aspectos llamativos o dudosos que existen en torno al proceso se puede ver cómo la Itaipú, inicialmente, llamó a una primera licitación el 5 de julio del año pasado (código NA 0880-24). En aquella oportunidad, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) establecía que la entrega del 10% de los mobiliarios se debía producir en un plazo de 30 días.
Ante la solicitud de varias empresas nacionales de extender por 15 días para completar los 45 días, la solicitud fue rechazada por la binacional, exigiendo a los oferentes interesados a que se mantengan en lo establecido en el PBC.
Finalmente, este llamado fue dado de baja por la imposibilidad de los oferentes locales de poder cumplir con las exigencias.
A raíz de esto se realizó la publicación de un segundo llamado el pasado 21 de noviembre con código NE 1809-24. Este nuevo llamado, en su capítulo cinco, establecía que la primera entrega debía ser del 40% en un plazo de 150 días. Es decir, el triple de tiempo que en el primer llamado.
LIMITACIONES. De acuerdo a las especificaciones técnicas del primer llamado, la Itaipú exigía materias primas disponibles en nuestro país, lo que facilitaba la participación de la industria nacional.
No obstante, tras su suspensión, en el segundo llamado, se solicitó materias primas no disponibles en nuestro país, ya que los componentes de los mobiliarios como los caños metálicos, tablero y plástico no existen en Paraguay. Esto, sumado a la llamativa celeridad del proceso (desde la publicación hasta la sesión pública solo hubo 11 días de diferencia), tiempo insuficiente para que oferentes locales puedan consultar precios de importación, conseguir algún tipo de representación, hacer visar, traducir documentos, fabricar o importar muestras, realizar la propuesta económica, entre otros aspectos.
De acuerdo a datos del Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME), la fabricación de estos muebles escolares en el país hubiera generado unos 1.200 empleos directos y pudo haber beneficiado a casi 4.000 personas atendiendo sus familiares. Varios gremios reclamaron esto como el de madereros de Caaguazú e industriales plásticos.
