En los 76 años que lleva en el poder el Partido Colorado no ha sido capaz de desarrollar políticas públicas, pues de esta manera cada nuevo gobierno que asume para reemplazar incluso a uno del mismo partido cuestiona y deshace lo que ha hecho el anterior. Si esta transición se da, como ahora, tras unas internas partidarias sangrientas que dejaron heridas y resentimientos, las consecuencias a veces son todavía peores.
Otra característica que se debe señalar es que en el Paraguay llevamos décadas de una práctica infame, que es la identificación del partido con el gobierno. De esta manera se ha casi normalizado que solamente los afiliados a la ANR, o las familias de la dirigencia de ese partido y su círculo de amigos, puedan acceder a cargos en las instituciones consideradas ‘botín político’. Una de ellas es el Instituto de Previsión Social (IPS) y la otra es por excelencia la Itaipú Binacional.
Se debe señalar que esta práctica se perfeccionó durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Lamentablemente, con la democracia no ha sido posible erradicar esta práctica que claramente atenta contra principios constitucionales.
La Constitución garantiza que “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”, que no se admiten discriminaciones y que el Estado removerá obstáculos que las mantengan. Concretamente, el artículo 47, de las garantías de la igualdad, señala que el Estado garantizará a todos los habitantes de la República “la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad”.
Por lo tanto, para acceder a cargos o puestos de trabajo en alguna institución del Estado solamente deben ser tenidas en cuenta la idoneidad, la capacidad y la formación. Que solo los colorados y sus amigos accedan a cargos bien remunerados en la Itaipú es una perversa costumbre.
Lo que hizo el presidente Peña semanas antes de las elecciones de abril de este año, durante un acto proselitista en el que instó a funcionarios de la Itaipú a que “mojen la camiseta”, y les aseguró que los que llegan a los cargos lo hacen gracias al Partido Colorado y no por títulos o ser “guapitos”, no fue solo una suerte de amenaza, sino sobre todo fue un reconocimiento del ilegal procedimiento de copamiento del Estado por parte de un partido único. El Estado, como sabemos, es un generoso empleador, para los colorados. Un informe de la organización Dende señalaba que los funcionarios públicos perciben un salario promedio que supera en 45,5% a los empleados de empresas privadas. Lo que equivale a decir que una mayoría sin privilegios paga por los privilegios de unos pocos.
Es un error que el director de Itaipú, Justo Zacarías, haya dejado sin efecto un concurso y sus resultados, pero no haya anulado designaciones claramente prebendarias, como la designación –sin concurso– de Iris Magnolia Mendoza como directora jurídica por ser la esposa del presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar. De hecho que la hija de Justo Zacarías Irún, Natasha, ingresó en el 2017 sin concurso y sigue en la binacional.
Los privilegios se extienden incluso a los aliados. Es el caso de Nancy María Diana Amarilla Guirland, comisionada a Itaipú como asesora especial en la Dirección Jurídica, por ser hermana del senador liberal Dionisio Amarilla, aliado al cartismo. La hermana es una de las asesoras de la esposa de Silvio Ovelar, y recibirá un salario que rondará los G. 50 millones en su nuevo cargo.
Itaipú debe dejar de ser el refugio de lujo para la familia de los colorados, sus operadores, seccionaleros y amigos, y contratar de acuerdo con las necesidades a personal técnico y personas preparadas.
