Por medio de un comunicado, el Frente Guasu señaló que Héctor Richer Becker fue uno de los principales técnicos que defendió los términos del acta secreta firmada entre los gobiernos de Paraguay y Brasil, documento que hizo tambalear al Gobierno.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, conformó el pasado 30 de diciembre, por decreto, el equipo negociador para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú con el Brasil, de cara al año 2023.
Como representante del Gabinete fue nombrado hace una semana Héctor Richer Becker, de vasta experiencia en energía eléctrica y sistemas de potencias. Fue presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), funcionario de Petropar y asesoró a la Binacional y al Estado en reiteradas ocasiones.
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“Con esta reciente acción, el Gobierno de Mario Abdo Benítez una vez más da muestras de que se reafirma en una línea entreguista”, menciona el texto del Frente Guasu.
Con ello, la concertación expresó su rechazo a dicha designación. “Sumamos nuestra voz de denuncia ante toda la sociedad paraguaya sobre la conducta irresponsable del presidente, que en este momento da muestras de una total falta de credibilidad para liderar un proceso de negociación que garantice el respeto de los derechos soberanos de nuestro país sobre Itaipú”, siguió.
En el documento hicieron un llamado a “todas las fuerzas políticas con vocación patriótica”, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general, a la conformación de un gran frente nacional por la defensa de la soberanía hidroeléctrica.
En el equipo conformado por Abdo Benítez deberán integrar representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de la ANDE, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gabinete Civil de la Presidencia.
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En diciembre pasado, el lado paraguayo de Itaipú decidió conformar un comité de apoyo técnico para facilitar información a las personas que lleven adelante las negociaciones con Brasil.
El Gobierno actual se vio obligado a definir un equipo, que podría beneficiar al país con el aumento de royalties, cesión de energía o vender la energía paraguaya en el mercado brasileño o a terceros.
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Esto, luego de una crisis política por un acuerdo bilateral para la compra de potencia de la Itaipú que suponía un sobrecosto de USD 250 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), según argumentos técnicos.
Las principales autoridades involucradas en el caso tuvieron que renunciar y algunos son investigados por la Justicia.