Mario Abdo Benítez emitió el Decreto 3173, por el cual armó el equipo negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú. El documento tiene fecha del 30 de diciembre.
El equipo estará conformado por un representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gabinete Civil de la Presidencia.
Lea más: Hugo Estigarribia también se aparta de comisión negociadora de Itaipú
El texto señala la creación del equipo como recomendación de la Comisión Asesora para la Revisión del Anexo C, creada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, resuelve que la máxima autoridad de cada institución designará a su representante para conformar el equipo negociador.
Así también, menciona que el equipo contará con el apoyo de grupos de trabajo en el ámbito técnico, comercial, económico y jurídico, además del asesor técnico honorífico Jeffrey Sachs, quien liderará a expertos en temas económicos y energéticos.
Entérese más: Comisión de expertos no tiene a quién asesorar
De la misma manera, se promoverá una amplia participación nacional en los asuntos vinculados con el tema, como especialistas de otros órganos y entidades públicas y privadas, además de representantes de la sociedad civil.
Entre tanto, el decreto detalla que se definirá un cronograma para la realización de los trabajos, que serán coordinados por la Cancillería Nacional.
Una de las principales críticas de los miembros que integraron la comisión asesora sobre el Anexo C era que no había a quién asesorar, ya que no se había definido esto anteriormente.
Le puede interesar: El 62,3% cree que Marito no está preparado para negociar en Itaipú
El Gobierno actual se vio obligado a definir un equipo de trabajo en el marco de la renegociación en Itaipú, que podría beneficiar al país con el aumento de royalties, cesión de energía o vender la energía paraguaya en el mercado brasileño o a terceros.
Esto, luego de una crisis política por un acuerdo bilateral para la compra de potencia de la Itaipú que suponía un sobrecosto de USD 250 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), según argumentos técnicos.
Las principales autoridades involucradas en el caso tuvieron que renunciar y algunos son investigados por la Justicia.