El canciller Luis Castiglioni adelantó que esta será una de las exigencias paraguayas en las conversaciones con el gobierno de Jair Bolsonaro, lo que implicará una renegociación del Tratado de Itaipú, no simplemente una revisión del Anexo C (bases financieras), la cual está fijada para el 2023. Es importante aclarar que el derecho de adquisición de la energía (la exclusividad) que tiene hoy Brasil, figura en el artículo XIII del cuerpo principal del Tratado. (Ver infografía).
La idea del gobierno de Mario Abdo Benítez es disponibilizar toda la energía paraguaya para poder comercializarla a otros mercados, los cuales podrían pagar mejor por el producto, destacó Castiglioni. Esos interesados pueden ser Argentina y Chile, a más del mismo mercado brasileño (si paga mejor), enfatizó.
El diplomático aseguró que la mitad de la generación le pertenece por derecho al Paraguay, tal como lo había señalado el presidente de la República. Por consiguiente, es una seguridad de que se va a pelear por lo que en justicia nos corresponde, manifestó.
Aclaró que hoy la ANDE aún no puede consumir el 100% de la electricidad de Itaipú ni de Yacyretá, puesto que la demanda local todavía es baja. No obstante, eso no impide que se pueda exigir toda la producción paraguaya para sacar mayores beneficios; es decir, vender a los compradores que mejor pagan, resaltó.
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ANEXO C. En lo que se refiere a los planteamientos puntuales para la revisión del Anexo C, como la reducción de tarifa de venta de Itaipú, royalties e ingresos adicionales, Castiglioni mencionó que aún no hay una posición definida y se está estudiando, pero afirmó que la misma será socializada en su momento.
“La postura del Gobierno la vamos a exponer, en el momento que corresponda, en la mesa de negociaciones con el Brasil. La información que puedo dar es que en el segundo semestre vamos a escuchar a todas las fuerzas vivas de la sociedad, en diversos foros que vamos a organizar. Tenemos la intención de escuchar a todos y reflexionar sobre todas las iniciativas y propuestas”, resaltó el canciller.
Es importante recordar que el Acta de Foz de Iguazú, de 1966 (acuerdo previo al Tratado de Itaipú), estipulaba solo el “derecho de preferencia” para el país socio, si es que la otra parte no consumía toda su energía. En otras palabras, Paraguay podía elegir vender su electricidad a otro interesado si este ofrecía una mejor propuesta. Esa preferencia luego fue cambiada a “derecho de adquisición” en el Tratado final, lo que hizo que el Estado paraguayo se vea obligado a cederle su excedente al Brasil.
Los brasileños actualmente abonan USD 9 por megavatio hora (MWh) que le cede Paraguay. Esto hace que anualmente ingresen cerca de USD 350 millones al año y se destinan al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Empero, como el consumo de la ANDE irá aumentando en los próximos años, habrá menos cesión y esos ingresos irán disminuyendo.
Por tal motivo, algunos técnicos del sector energético aseguran que la movida más inteligente será retirar el 100% de la producción y vender a otros interesados, a precios superiores.
Para otros especialistas, esa cuestión no es tan sencilla, pues no hay una propuesta real de otros interesados y además la ANDE deberá construir nuevas infraestructuras para hacer la comercialización, lo que podría terminar resultando más costoso.
Embajador de Brasil garantiza retiro de energía
Carlos Alberto Simas, embajador de Brasil en Paraguay, aseguró que el 50% de la producción de Itaipú le corresponde al Estado paraguayo y que su Gobierno siempre ha estado a favor de que los paraguayos puedan ir incrementando el uso de su electricidad de Itaipú, pues eso significa desarrollo para el país. Sin embargo, apuntó que no hay certeza de si el aumento será un proceso rápido o lento, y que también dependerá de la tarifa que se fije en la revisión del Anexo C.