Durante el taller de Planificación Participativa con Abordaje en los Determinantes Sociales -enmarcado en la estrategia “Municipio Saludable” y organizado por la Municipalidad de Obligado, Itapúa- el director del centro de salud local, doctor José Kappeler, advirtió sobre una preocupante situación: Actualmente se registran 15 niñas embarazadas en la ciudad, con edades que van de los 13 a los 16 años.
“Hasta ayer teníamos 13 casos registrados, y hoy se sumaron dos más”, alertó el doctor.
Este aumento sostenido en la cantidad de embarazos adolescentes ha generado alarma tanto entre las autoridades como en la ciudadanía. Más allá de las cifras, lo que más preocupa a los profesionales de salud es que algunas de estas menores ya viven en situación de concubinato, en varios casos con el consentimiento de sus propios padres.
“Esto agrava aún más el escenario, ya que se trata de un hecho punible según el Código Penal Paraguayo. No solo se vulneran derechos, también existen responsabilidades legales claras”, enfatizó el médico.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppAnte esta realidad, Kappeler hizo un llamado urgente a toda la comunidad: “Como sociedad debemos asumir esta situación como un problema colectivo. No podemos permitir que niñas que deberían estar en las aulas, preparándose para su futuro, terminen prematuramente en una sala de partos”.
El fenómeno del embarazo adolescente, especialmente en edades tan tempranas, añadió, refleja la falta de educación sexual integral, la desinformación, la normalización de relaciones desiguales y, muchas veces, la ausencia del Estado en zonas vulnerables.
La presentación de este preocupante informe se realizó en el marco del Proyecto de Incentivo por Cumplimiento de Metas Sanitarias, que busca precisamente intervenir sobre los determinantes sociales de la salud y promover entornos más seguros y saludables para niñas, niños y adolescentes.
“El escenario exige una respuesta urgente desde todos los sectores: familias, instituciones educativas, autoridades sanitarias y, sobre todo, el compromiso firme del sistema judicial para hacer cumplir la ley y proteger los derechos de las niñas. El embarazo precoz no es una elección: es consecuencia directa de una sistemática vulneración de derechos. Y es deber de toda la sociedad garantizarles un futuro libre, seguro y digno”, concluyó Kappeler.
