El magistrado Benedito Gonçalves dio por comprobado que Bolsonaro usó su entonces posición de jefe de Estado “para degradar el ambiente electoral”, “incitar un estado de paranoia colectiva” y fabricar “teorías de la conspiración” con “informaciones falsas” y “mentiras atroces”.
“No es posible cerrar los ojos ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y las mentiras que ponen en jaque la credibilidad de la Justicia electoral”, afirmó el juez instructor en la lectura resumida de su voto, de 382 páginas en total.
Con el primer voto a favor de la inhabilitación de Bolsonaro, el juicio, que parte de una denuncia del Partido Democrático Laborista, fue suspendido y se reanudará el jueves con el análisis de los otros seis magistrados que componen la corte electoral y que definirán el futuro político del líder ultraderechista.
El punto central de la causa es una reunión a la cual Bolsonaro convocó a medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la presidencia, el 18 de julio de 2022, para descalificar de manera grave el sistema electoral y acusar a la Justicia de maniobrar en favor del hoy mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEse encuentro, calificado hoy de “aberrante” por Gonçalves y en el que el entonces mandatario vertió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa sin denuncias de fraude desde 1996, fue transmitido por la televisión pública y las redes sociales del capitán de la reserva del Ejército.
Bolsonaro acabaría perdiendo las elecciones de octubre de ese año por un estrecho margen ante Lula, que asumió el 1 de enero.
No obstante, Gonçalves optó por la absolución del que fue compañero de fórmula de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, al “no haber sido demostrada su responsabilidad” en el caso.
Bolsonaro, “integral responsable”
En este contexto, señaló a Bolsonaro, de 68 años, como “el integral responsable” del evento con los embajadores, en función de los testimonios recabados en la investigación, entre ellos varios de sus más próximos ministros.
A su juicio, Bolsonaro, a partir de argumentos “completamente distorsionados”, “flirteó peligrosamente con el golpismo” e intentó “convencer” a los representantes diplomáticos de que “su relato merecía más confianza que las informaciones oficiales del TSE”.
“Intentó convencer a la comunidad internacional de que las elecciones estaban marcadas por el fraude sistemático y la actuación corrupta del TSE, exponiendo una imagen falsa de la democracia brasileña”, sentenció.
Asimismo, interpretó como una “negligencia preocupante” la visión del ahora ex presidente sobre el papel de las Fuerzas Armadas, que buscó sin éxito transformar en actores activos para el conteo de los votos.
Asimismo, tumbó los argumentos de la defensa del líder ultraderechista que querían reducir el alcance de la acusación, que sostiene que la campaña de Bolsonaro contra el sistema electoral fue el inicio de un movimiento que llevó al violento asalto a los tres poderes de la Nación ocurrido el pasado 8 de enero.
En este marco, Gonçalves defendió la incorporación al proceso del borrador de un decreto presidencial encontrado en enero pasado en la residencia del ex ministro de Justicia Anderson Torres para anular la victoria de Lula y mantener a Bolsonaro en el poder mediante una “intervención militar”.
“No se pueden disociar los hechos del contexto en que ocurrieron”, apuntó el juez, quien rechazó igualmente que los ataques de Bolsonaro al sistema de votación se encuadren dentro del derecho a la libertad de expresión.
Mientras se celebraba el juicio, Bolsonaro, que se declara inocente, sacaba pecho en su canal de Telegram de su gestión (2019-2022) frente a “narrativas maliciosas”.
El juicio comenzó el jueves de la semana pasada con la lectura del informe del caso y las exposiciones orales de la acusación, la defensa de Bolsonaro y el Ministerio Público, que igualmente pidió condenar al ex jefe de Estado y despojarle de sus derechos políticos.
En caso de ser hallado culpable, Bolsonaro puede perder sus derechos políticos durante los próximos 8 años, con lo que no podría presentarse a las próximas elecciones presidenciales, en 2026.
Fuente: EFE
