El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) admitió la intervención de Redespi y Codehupy en carácter de Amicus Curiae en el enjuiciamiento de la magistrada de Alto Paraná, Eresmilda Román Paiva
En ese sentido, los miembros del JEM decidieron absolver a la jueza, por no haberse comprobado durante el proceso de enjuiciamiento que incurrió en la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
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La magistrada anuló en el 2015 la acción del empresario brasileño João Romeu Meurer sobre tierras que reclamaba a una comunidad indígena en Paso Cadena, distrito de Itakyry. El sojero había celebrado un contrato con el líder anterior de la comunidad y el nuevo líder presentó un amparo judicial.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa jueza otorgó una medida cautelar de prohibición de innovar contra terceros y autorizó la cosecha de unas 1.780 toneladas de soja, que fueron depositadas en un silo.
Una vez admitido el amparo se presentó Romeu Meurer, afirmando que la soja reclamada por los nativos había sido cultivada por él, con la presentación de un contrato de aparcería a cambio de dinero, firmado con los miembros de la comunidad indígena.
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La jueza terminó anulando el contrato, debido a que por ley las tierras de los indígenas no se podían arrendar, al rechazar la excepción de prescripción deducida por Romeu Meurer, con costas, además de resolver hacer lugar al amparo constitucional, manteniendo la medida cautelar vigente, que era de la cosecha de la soja por parte del líder Gabino Vera Benítez, y apercibió a los abogados del sojero, según los antecedentes.
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Desde la Codehupy consideraron que la jueza obró acorde al artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece la propiedad comunitaria de un pueblo indígena está fuera del comercio.
La denuncia contra la magistrada fue presentada el 6 de julio del año 2020, luego de que su resolución fuera revocada en segunda instancia y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazara dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por el abogado Esteban Gómez Armoa y el Instituto Paraguayo del Indígena, a favor de los nativos.
El afectado, João Romeu Meurer, patrocinado por el ex contralor Nelson Mora, pidió su remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones, porque supuestamente causó serios daños al sistema, con su resolución.
