El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desestimó ayer la denuncia y archivó el caso contra la jueza María de Fátima Burró, que fue denunciada por sobreseer a la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, en una investigación por contratos fraudulentos; en la misma sesión, ordenó la destitución del magistrado de Capitán Bado, Manuel Fernández Arce, quien fuera enjuiciado por supuesto mal desempeño en sus funciones, al haber pretendido beneficiar a sicarios del capo narco Sergio da Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, miembros del Primer Comando Capital (PCC).
En el caso de la esposa del dirigente colorado del Alto Paraná, senador Javier Zacarías Irún, cabezas del clan ZI, la misma, siendo intendenta de Ciudad del Este había firmado contratos con MG Distribuidora y Eventos para la provisión de artículos registrados como recibidos, sin que la firma haya entregado dichos elementos.
En este sentido, la Contraloría General de la República había denunciado el supuesto desvío de más de G. 6.600 millones a través de dichos contratos, que habían sido firmados con una empresa propiedad de un ex funcionario de la Municipalidad.
Los que recibieron el dinero fueron Christian David Espínola, ex director de Finanzas de la Comuna, y los funcionarios Nilsa Paiva, Vicente Rodríguez, Genaro García y Marcos Aurelio González, propietario de la firma MG Distribuidora y Eventos. El supuesto proveedor fijaba como sede una seccional colorada.
La jueza Burró había argumentado para dar el sobreseimiento definitivo de Sandra McLeod negligencia de la Fiscalía, a cargo de Natalia Fúster, que no hizo las diligencias necesarias.
DESTITUIDO. En contrapartida, el juez Manuel Fernández Arce fue destituido del cargo por haber pretendido dar arresto domiciliario a seis supuestos sicarios del capo narco Sergio da Arruda Quintiliano Neto, Minotauro, el 10 de enero de 2020. Ellos son Felipe Diogo Fernández Díaz, Rafael de Souza, Ailton Botelho Dos Santos, Julio César Gómez, Marcos Paulo Valdez Pereira y Luciano de Souza Martins, quienes se encontraban con prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, donde finalmente formaron parte de la fuga masiva de 75 reos el 19 de enero, es decir, nueve días después.
Ellos habían sido detenidos en un mega operativo de once allanamientos contra la estructura de Minotauro.
