Pese a intentos de esquivar el tema, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió ayer abrir una investigación preliminar en el caso de los jueces, camaristas y fiscales que votaron en internas partidarias, a sabiendas de que existe una prohibición de que agentes de Justicia tengan vinculación política.
La sesión del JEM estaba a punto de levantarse cuando el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Ramírez Candia, manifestó que la institución no podía estar ajena a los hechos, en referencia a las publicaciones del diario Última Hora, que reveló que magistrados y fiscales estaban afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y además votaban en sus internas.
“Creo que es un hecho notorio, las denuncias que se formulan a través de la prensa, de fiscales y jueces que votaron en internas partidarias, situación que colisiona frontalmente contra la Constitución Nacional”, expresó Ramírez.
El ministro añadió que además existe una denuncia de un abogado sobre el caso ante el JEM, basado en las publicaciones de este diario, por lo que se justifica todavía más una investigación preliminar, que antecede a una investigación de oficio, si se encuentran méritos.
El presidente del JEM, Jorge Bogarín, confirmó que se recibió la denuncia del abogado, pero que no se ajustan todos los requisitos, por lo que se le dio un plazo de cinco días para poner en condiciones según los artículos 18, 19 y 20 de la ley del JEM.
El ministro de la Corte César Diesel respondió que no es necesario esperar a esa denuncia. “Tenemos el sistema de investigación oficiosa del Jurado para lo cual hay etapas que van cumpliéndose; los primeros diez días, para el interesado; otro día para otro órgano autorizado a ejercer denuncia y finalmente tenemos a partir de eso la posibilidad de investigar de oficio cuando consideremos que la envergadura del hecho amerita. Creo que estamos en condiciones de hacerlo aplicando nuestra ley directamente”, apoyó.
Todos los miembros votaron finalmente a favor de abrir una investigación preliminar. Estuvieron presentes siete de los ocho integrantes. El único ausente fue el senador colorado Enrique Bacchetta. Los asistentes fueron Jorge Bogarín, César Diesel, Mónica Seifart, Manuel Ramírez Candia, Hernán Rivas, Rodrigo Blanco y Fernando Silva Facetti.
Contradicciones. Bogarín, que responde al cartismo, cayó en contradicciones al aceptar la investigación de oficio, pese a haber esquivado el tema más de una vez. Solo días antes había manifestado en contacto con Radio Monumental 1080 AM que no podían actuar de forma oficiosa debido a la última modificación de la ley del JEM que supuestamente establecía restricciones.
Indicó que por el artículo 12 solo tenían dos años para perseguir un hecho irregular porque luego de este plazo ya prescribe. Por otro lado, citó el artículo 18 para señalar que solo cuentan con 20 días hábiles para iniciar una investigación. “El hecho irregular fue el año pasado (internas del 20 de junio del 2021) y nosotros solo tenemos 20 días hábiles. Para nosotros la acción de investigar ya está prescripta”, aseguró.
Desde el Poder Judicial ya se abrió una investigación contra 326 jueces afiliados a la ANR, entre los cuales se encuentran 30 que votaron, cuatro de ellos aclararon que fue antes de ser jueces.
Abogado presentó una denuncia ante el Jurado
El abogado Federico Campos presentó formalmente una denuncia el pasado viernes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por mal desempeño de funciones y comisión de hechos punibles probados y flagrantes contra 30 jueces y 41 fiscales que votaron en las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) del 20 de junio del 2021.
Además, Campos presentó la denuncia ante el Ministerio Público y la Superintendencia de la Corte. En su escrito señala que hubo “falseamiento de las elecciones (Artículo 276 del Código Penal), falseamiento de documentos electorales (Artículo 277 del Código Penal), Ley 879/81 del Código de Organización Judicial, Ley 1562 del Ministerio Público, y Constitución Nacional (Prevaricato).
Su acusación presentada ante el JEM debe estar acompañada de un certificado de solvencia económica, según el artículo 19 de la ley del JEM, por lo que le dieron un plazo de cinco días para cumplir el requisito, indicó Jorge Bogarín.
Campos cuestionó que fiscales y jueces violen las normas cuando son los que más deben respetarlas.
El JEM deberá actuar de oficio o darle curso a la acusación presentada por Campos.
Bogarín señaló que las posibles sanciones son apercibimiento o remoción.
