José Ortiz, gerente de la tabacalera Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, se presentó este martes ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que indaga sobre los supuestos vínculos de tabacaleras paraguayas en el contrabando de cigarrillos y el crimen organizado.
Sin embargo, al inicio de la sesión, el abogado del ex presidente Horacio Cartes y de Tabesa, Pedro Ovelar, señaló que su cliente no puede declarar, ya que desconocen el origen de los documentos a los que hace referencia la comisión antilavado.
José Ortiz señaló que no puede hablar, debido a que no cuenta con el acceso a la documentación oficial sobre los hechos a ser investigados.
“Me parece impertinente responder preguntas cuando no tenemos acceso a los documentos y desconocemos de dónde vienen y dónde se trama esa información. Me niego a declarar, pero me comprometo a entregar las informaciones que requieran cuando lo crean necesario”, dijo Ortiz.
Ante el desplante de los representantes de Tabesa, el presidente de la Comisión Bicameral, el senador Jorge Querey, dijo que estos serán convocados de nuevo y que se utilizarán los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional para que estos colaboren con la investigación.
Por su parte, el senador cartista Basilio Núñez, quien integra la comisión del Congreso, cuestionó la “amenaza” de Querey y aseguró que los representantes de Tabesa se presentaron ante la convocatoria, pero que no pueden ser coaccionados para declarar.
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El diputado colorado cartista Erico Galeano —quien también estaba convocado— no se presentó ante la comisión antilavado para hablar sobre su supuesta vinculación con el operativo A Ultranza PY. El legislador dijo que está con un cuadro positivo de Covid-19.
Asimismo, fueron citados representantes de la Tabacalera Hernandarias, quienes solo enviaron a su abogado, Alejandro Andrés Valiente.
Los integrantes de la comisión buscan que los representantes de las tabacaleras hablen sobre los informes respecto a las empresas intermediarias de adquisición de tabaco de la industria tabacalera nacional.
Estas empresas fueron investigadas por el Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil de la sección de antilavado, de narcotráfico y de contrabando de cigarrillo.