El abogado Martín Barba, que lleva la defensa de la joven que en el 2014 denunció por acoso a Cristian Kriskovich, confirmó a Última Hora este viernes que su cliente logró obtener refugio en Uruguay.
Sobre ella pesa una orden de captura por otro caso, el de compranotas, que involucró a unos 40 estudiantes de la Católica, y en el que, según ella, la involucraron como represalia por la denuncia que hizo contra el miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y del Consejo de la Magistratura.
“Ella solicitó refugio político y ya está en Uruguay. Tuvo que salir de acá por todos los atropellos a sus derechos humanos. Sobre la orden de captura que pesa en su contra, en 30 días no hemos podido conseguir que ninguno de los abogados pueda retomar la causa”, mencionó Barba.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSeñaló que, a partir de ahora, “esto dejó de ser una causa jurídica, pasa a ser un tema netamente político, donde pasa a formar parte la Iglesia Católica”.
El defensor de la alumna también mencionó que la denuncia se realizó ante instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por los atropellos a los derechos humanos en su vivienda de Asunción, y ante Amnistía Internacional. Relató que en las inmediaciones del domicilio de su cliente empezaron a aparecer camionetas sin chapa.
“Esperemos que con estos organismos internacionales el caso (de acoso) se reencauce, ya que ella está sin poder tener acceso al motivo por el cual se decretó su rebeldía. Y a mí -como abogado- por primera vez en la historia me deshabilitaron del sistema electrónico del Poder Judicial, yo no tengo acceso como para poder apelar la resolución de la orden de captura”, explicó.
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En contacto con 1020 AM, la joven mencionó este viernes que se quedó sin defensa, luego de que la jueza Lici Sánchez le retirara la personería del caso a su abogado Martín Barba.
Por ello, el letrado, sostuvo que le cerraron todas las puertas, como para que no se pueda ejercer la defensa. “Mi cliente dejó de ser acosada sexualmente para ser acosada judicialmente”, refirió por Cristian Kriskovich, miembro del Consejo de la Magistratura, a quien lo calificó de “patrón de jueces”.
“Si la Universidad Católica quiere litigar o Kriskovich quiere sacarle USD 450.000 a mi cliente, tiene que salir de ese cupo de poder y litigar con nosotros en igualdad de condiciones. (…) Eso es lo que estamos solicitando a la ONU y Amnistía Internacional, que saquen un comunicado y le den luz a esta causa que está bastante oscura”, reclamó.
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La estudiante, por su parte, manifestó que la orden de captura en su contra luego de no presentarse a la audiencia de la causa de compranotas es un claro ejemplo de “represalia” por haber denunciado por acoso.
Meses después de emprender la denuncia, la estudiante apareció en la lista de alumnos que compraron notas en la Católica, cuya investigación sigue en curso.
En cuanto a la causa de acoso sexual, fue desestimada y calificada como “galanteo” por el Ministerio Público. Y, debido a la insistencia de la joven, Cristian Kriskovich la demandó por daños morales por USD 450.000.
